Este miércoles, las fuerzas de seguridad argentinas reprimieron con violencia una protesta de jubilados bajo el argumento de que bloqueaban la vía pública. Desde su llegada al poder, Javier Milei ha implementado medidas para limitar la protesta en el espacio público y ahora avanza con un decreto que reduce significativamente el derecho a huelga en el país.
El Ejecutivo nacional, tras un intento fallido el año pasado —cuando la justicia declaró inconstitucional la reforma laboral incluida en su primer megadecreto—, emitió un nuevo decreto que clasifica como “esenciales” numerosas actividades laborales, obligando a mantener un servicio mínimo del 75% durante cualquier medida de fuerza. La respuesta sindical no se ha hecho esperar y ya anticipan recursos legales contra esta normativa.
Entre los sectores definidos como esenciales están los servicios sanitarios, la educación, el transporte aéreo y marítimo, el cuidado de menores, la producción y distribución de gas y combustibles, así como los servicios aduaneros, migratorios y de telecomunicaciones. En todos ellos, se prohíbe paralizar o reducir en más del 25% la operatividad durante huelgas o protestas.
Hasta ahora, la legislación argentina consideraba esenciales únicamente aquellas actividades cuya interrupción pudiera poner en riesgo la vida, salud o seguridad de la población. El decreto, sin embargo, amplía esta definición e introduce la figura de “actividades de importancia trascendental”, las cuales deben mantener un funcionamiento mínimo del 50%. En esta categoría se incluyen sectores como el transporte público, medios de comunicación (radio y televisión), industria, construcción, minería, servicios bancarios, hotelería y gastronomía.
El decreto, inicialmente redactado para la Marina Mercante, modifica además la Ley de régimen laboral vigente en su artículo tercero, replicando en gran medida los contenidos que ya fueron rechazados judicialmente.
El Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) expresó su rechazo categórico: “La enorme extensión de actividades cubiertas por el decreto vulnera derechos laborales fundamentales reconocidos por la Constitución”, indicó en un comunicado oficial.
El organismo de derechos humanos señaló que el verdadero objetivo del Gobierno no es proteger a la población, sino preservar las metas fiscales del ajuste económico. “La decisión de restringir derechos laborales se orienta a asegurar la recaudación tributaria, no la protección social, lo que alimenta la conflictividad social. En ese contexto, huelga y protesta son derechos que deben ser defendidos con mayor énfasis”, advirtió el CELS.
Diversos sindicatos emitieron declaraciones en contra del decreto y anunciaron movilizaciones para los próximos días. Sergio Romero, secretario de políticas educativas de la Confederación General del Trabajo (CGT), denunció “metodologías antidemocráticas y antijurídicas” por parte del Ejecutivo. Por su parte, Rodolfo Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), calificó la medida como “ilegal” y advirtió que recurrirán a instancias judiciales.
Desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, los sindicatos han realizado dos huelgas generales y múltiples paros sectoriales en rechazo a la política de desmantelamiento estatal impulsada por el Gobierno. Sin embargo, el presidente mantiene una postura firme y continúa implementando su agenda sin negociación con el Congreso, donde su fuerza política es minoritaria.
Con el reciente triunfo en las elecciones a concejales en la Ciudad de Buenos Aires, el Ejecutivo acelera una transformación profunda del Estado argentino, enfrentando así un escenario de alta conflictividad social y resistencia sindical.
Fuente: El País
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