Colombia
Las víctimas del proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe alertaron este jueves a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre presuntas presiones externas, particularmente de Estados Unidos, dirigidas al sistema judicial colombiano tras la condena en primera instancia contra Uribe.
Entre los denunciantes figura el senador Iván Cepeda, quien junto con otras víctimas remitió una comunicación oficial a la relatora para la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, Margaret Satterthwaite, y a la relatora sobre Personas Defensoras y Operadoras de Justicia de la CIDH, Roberta Clarke. En el documento se detallan los «intentos de interferencia en la función jurisdiccional» que, advirtieron, «constituyen una amenaza directa a la independencia judicial, al debido proceso y al equilibrio institucional del Estado colombiano».
El expresidente Uribe, líder del partido Centro Democrático, fue declarado culpable el pasado lunes por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, convirtiéndose en el primer exmandatario colombiano condenado penalmente.
En respuesta a la condena, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó en su cuenta de X que «el único ‘delito’ del expresidente Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria», y calificó la sentencia como una «instrumentalización del poder judicial por parte de jueces radicales», lo que fue interpretado por las víctimas como una señal de presión externa sobre la justicia colombiana.
Las víctimas insistieron en que, «en un Estado de Derecho, la justicia debe funcionar con plena independencia, sin injerencias externas, respetando la soberanía y las garantías constitucionales».
Por ello, solicitaron a las relatorías de la ONU y la CIDH que intervengan de manera urgente para «salvaguardar la integridad del poder judicial en Colombia, garantizar la independencia de jueces y operadores de justicia, y prevenir cualquier presión indebida que pueda influir en la decisión de segunda instancia» del caso Uribe.
La jueza Sandra Heredia leerá este viernes la sentencia, que podría imponer una pena de entre cuatro y ocho años de prisión, posiblemente con régimen de detención domiciliaria. La fiscal Marlenne Orjuela solicitó una condena mayor, de nueve años.
La decisión final quedará en manos del Tribunal Superior de Bogotá, donde los abogados de Uribe presentarán la apelación el próximo 11 de agosto. El tribunal tiene hasta el 16 de octubre para resolver en segunda instancia.
Fuente: SWI
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