Brasil
El Estado brasileño ha reconocido oficialmente a la expresidenta Dilma Rousseff, de 77 años, como víctima de persecución política durante la dictadura militar (1964-1985), tras más de dos décadas de lucha por este reconocimiento. La Comisión de Amnistía del Ministerio de Derechos Humanos aprobó este jueves una resolución que restituye simbólicamente su dignidad como ciudadana, le ofrece disculpas públicas en nombre de la nación y le otorga una indemnización de 100.000 reales brasileños (aproximadamente 17.500 dólares estadounidenses).
El reconocimiento marca un hito en la reparación institucional a las víctimas del autoritarismo militar en Brasil. Rousseff, detenida a los 22 años por su participación en un grupo armado de resistencia, permaneció presa durante casi tres años, tiempo en el que fue torturada, como testificó en diversas ocasiones ante organismos de derechos humanos y ante la Comisión Nacional de la Verdad que ella misma impulsó durante su mandato presidencial (2011-2016).
La presidenta de la Comisión de Amnistía, la exfiscal federal Ana Maria Oliveira, leyó el fallo durante una sesión pública:
“Esta comisión, en el ejercicio de su mandato, declara a Dilma Vana Rousseff como amnistiada política y, en nombre del Estado brasileño, le presenta disculpas por las violaciones de derechos sufridas por usted, su familia y sus compañeros de lucha, en nombre de toda la sociedad brasileña.”
La solicitud original fue presentada en 2002, cuando el Partido de los Trabajadores accedía por primera vez al poder con Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, el proceso se mantuvo congelado mientras Rousseff ocupó cargos públicos, y fue formalmente reactivado tras su destitución por juicio político en 2016. En 2022, durante el mandato del expresidente Jair Bolsonaro, la petición fue rechazada, argumentando la supuesta incompatibilidad de la solicitud con su trayectoria posterior. El nuevo gobierno de Lula reexaminó el expediente y validó la legitimidad del reclamo.
El relator del caso, Rodrigo Lenz, fue enfático al subrayar el carácter reparador y no discrecional de esta medida:
“Esto no es un favor del Estado, ni un acto de benevolencia. Es el cumplimiento de un deber histórico: reconocer que la persecución política es una forma de violencia institucional. La amnistía es un mecanismo de justicia transicional, no de impunidad.”
Desde Shanghái, donde actualmente preside el Banco de Desarrollo del BRICS, Rousseff siguió la lectura del dictamen. Nombrada por Lula para ese cargo estratégico, la expresidenta ha retomado en los últimos años un papel relevante en la escena internacional, tras un periodo de bajo perfil mediático.
Según declaraciones de su abogado, el expediente documenta no solo la detención y tortura, sino también las secuelas académicas y laborales que Rousseff enfrentó, incluyendo su expulsión de la universidad y la pérdida de su empleo en una fundación pública.
El gesto institucional representa no solo una reivindicación personal, sino también un mensaje político firme sobre el compromiso democrático del Brasil contemporáneo con la memoria, la verdad y la reparación.
Fuente: El País
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