La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves, por un estrecho margen de un solo voto, la controvertida ley fiscal impulsada por el presidente Donald Trump, conocida oficialmente como “Una gran y hermosa ley”. El resultado final fue 215 votos a favor frente a 214 en contra, tras una intensa jornada de negociaciones y presión política, especialmente sobre los miembros más conservadores del Partido Republicano. El proyecto avanza ahora al Senado para su consideración.
Esta legislación, que contempla una significativa reducción de impuestos, ha generado una fuerte reacción en los mercados financieros, debido a que incrementará considerablemente el déficit fiscal y la deuda pública en un momento en que la estabilidad financiera de la economía estadounidense está bajo escrutinio global. En este contexto, el presidente Trump celebró la aprobación calificándola como “posiblemente la ley más importante en la historia de nuestro país”.
En el mercado de deuda, la aprobación de la ley provocó una escalada en la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense, con el bono a 30 años alcanzando un 5.14%, niveles no vistos desde 2007. La agencia calificadora Moody’s había advertido recientemente sobre la reducción de la máxima calificación crediticia de Estados Unidos, señalando que las propuestas fiscales en curso no contribuyen a mitigar los riesgos financieros, sino que los agravan.
La reducción fiscal ha sido uno de los pilares económicos de la administración Trump, complementada con políticas arancelarias. Sin embargo, su implementación depende del respaldo del Congreso, por lo que el presidente intensificó su lobby, visitando el Capitolio para persuadir a legisladores escépticos y sosteniendo reuniones prolongadas con líderes republicanos y congresistas rebeldes en la Casa Blanca.
Previo a la votación, la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca emitió un comunicado en tono firme advirtiendo que la no aprobación representaría “la traición definitiva” a las promesas de campaña de Trump. Finalmente, la ley fue aprobada con una serie de concesiones para asegurar el voto decisivo, incluyendo la aceleración de recortes en programas de salud y una reducción más rápida de créditos fiscales vinculados a energías renovables.
El rechazo vino de parte de tres congresistas republicanos, quienes manifestaron preocupación por el impacto fiscal. Thomas Massie (Kentucky) calificó la ley como una “bomba de tiempo para la deuda pública”, señalando que el país se dirige “directamente hacia un iceberg fiscal”. Estas voces críticas, aunque minoritarias, reflejan las divisiones dentro del partido en torno a la sostenibilidad del endeudamiento.
Según la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO), organismo no partidista, la ley incrementará la deuda pública en más de dos billones de dólares durante la próxima década, aunque aún no se tiene un cálculo definitivo tras las últimas modificaciones. A la par, se prevén recortes significativos en programas sociales que podrían dejar sin cobertura médica a millones de ciudadanos y reducir la asistencia alimentaria federal.
El texto extiende y amplía los recortes fiscales previos aprobados en el primer mandato de Trump, que expiraban a finales de año, beneficiando de manera desproporcionada a las rentas más altas. Entre las nuevas disposiciones destacan la exención fiscal sobre propinas y horas extras, así como deducciones para intereses de préstamos automotrices. Además, se incluyen aumentos en deducciones estándar y por dependientes, y una deducción mejorada para adultos mayores que enfrentan impuestos sobre sus pensiones.
El paquete contempla también un incremento de 350,000 millones de dólares en gasto público, de los cuales aproximadamente 150,000 millones serán destinados al Pentágono, incluyendo fondos para el sistema de defensa antimisiles “Cúpula Dorada” y programas de seguridad fronteriza y deportaciones masivas.
Por otro lado, se introducen nuevas condiciones para la elegibilidad en programas sociales, exigiendo a ciertos beneficiarios cumplir con requisitos mensuales de horas de trabajo o actividades comunitarias, afectando a adultos sin discapacidades y sin dependientes, así como a beneficiarios de cupones alimentarios.
Finalmente, la ley contempla un beneficio denominado “cuenta Trump”, una especie de incentivo financiero para recién nacidos entre 2025 y 2029, equivalente a un cheque de 1,000 dólares depositado en una cuenta de inversión a nombre del menor.
Los legisladores demócratas rechazaron de manera contundente la iniciativa, calificándola como una “estafa fiscal” y un incumplimiento de las promesas sociales, y denunciaron la falta de transparencia en la tramitación de la ley durante la madrugada. Pete Aguilar, representante por California, denunció la aprobación “en la oscuridad de la noche” como un agravio a los ciudadanos estadounidenses.
Fuente: El País
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