Senado dominicano aprueba nueva Ley de Inteligencia con penas por divulgar información clasificada


 República Dominicana

El Senado de la República aprobó este jueves en segunda lectura el proyecto de ley orgánica que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), con el objetivo de fortalecer el blindaje del país frente a amenazas como el terrorismo, el narcotráfico, el lavado de activos, los ciberataques, la corrupción, el tráfico de armas, la migración irregular y otros delitos de carácter transnacional.

La iniciativa, respaldada en el artículo 261 de la Constitución y destinada a regular el Sistema Nacional de Inteligencia, también contempla la creación formal del Departamento Nacional de Investigaciones, dotándolo de herramientas operativas y legales para enfrentar riesgos a la seguridad nacional.

Uno de los puntos más sensibles es el régimen sancionador. El artículo 28 establece penas de entre dos y tres años de prisión y multas de nueve a quince salarios mínimos del sector público para quienes oculten, sin justificación judicial, información vinculada a la seguridad nacional que haya sido requerida por la DNI. Los artículos 29 y 30 amplían las sanciones para quienes divulguen, destruyan o manipulen documentos clasificados, usurpen funciones o hagan uso indebido de credenciales oficiales del organismo de inteligencia.

Entre las atribuciones contempladas para la Dirección Nacional de Inteligencia se incluyen:

  • Investigar actividades de individuos u organizaciones que representen una amenaza a los intereses nacionales.

  • Reunir, analizar y clasificar información relevante para la seguridad del Estado.

  • Evaluar riesgos al orden constitucional.

  • Contrarrestar acciones de actores nacionales o extranjeros que comprometan la soberanía o integridad del país.

El proyecto también señala que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que sean asignados a la DNI conservarán sus derechos y beneficios institucionales, pero deberán mantenerse al margen de cualquier participación en actividades políticas.

Esta nueva legislación surge luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la Ley 01-24. El texto actual fue introducido por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y será remitido a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación.

Fuente: Diario Libre

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