México
Ante la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), seis organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico lanzarán este jueves una iniciativa conjunta para dar seguimiento independiente a las cifras de pobreza en México y evaluar el impacto de las políticas sociales.
La coalición está integrada por EQUIDE (Universidad Iberoamericana), México Evalúa, México ¿Cómo Vamos?, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. El objetivo central es preservar una mirada crítica, técnica y autónoma sobre las condiciones sociales del país, tras la reforma legislativa que disolvió al Coneval y transfirió sus funciones al INEGI y a la Secretaría de Hacienda.
“Medir la pobreza y evaluar los programas sociales es una tarea de interés público fundamental para el desarrollo del país”, señalaron las organizaciones en un adelanto de su posicionamiento.
La reforma —aprobada con mayoría oficialista bajo el argumento de una supuesta racionalización administrativa— puso fin a un organismo clave en la generación de evidencia para la política pública. El Coneval, creado hace casi dos décadas, era un ente autónomo que brindaba diagnósticos técnicos sobre el avance o retroceso en materia de bienestar social.
Ahora, será el INEGI quien aplique la metodología desarrollada por el Coneval para continuar con la medición de la pobreza, utilizando la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), cuya edición 2024 se publicará el próximo 30 de julio. Expertos advierten que subsiste la incertidumbre sobre si se mantendrá el enfoque multidimensional, que considera no solo ingresos sino también carencias en salud, educación, vivienda y alimentación.
En paralelo, la Secretaría de Hacienda deberá asumir la evaluación del desempeño de los programas sociales, una de las funciones más delicadas que ejercía Coneval. Dada su falta de autonomía y posible sesgo institucional, analistas anticipan un debilitamiento del escrutinio técnico independiente en esta materia.
Los últimos datos oficiales, correspondientes a 2022, indicaban que 46.8 millones de personas vivían en situación de pobreza (36.3% de la población), una reducción frente a los 49.3 millones de 2020. La pobreza extrema también mostró una baja, al pasar de 8.5% a 7.1%. No obstante, la carencia por acceso a servicios de salud se disparó de 16.2 millones de personas en 2018 a 50.4 millones en 2022, reflejo del desmantelamiento del Seguro Popular y el fallido intento de implementación del INSABI.
La nueva alianza buscará llenar el vacío técnico e institucional que deja la extinción del Coneval, y garantizar que la evaluación de la política social mexicana no dependa exclusivamente del aparato gubernamental.
Fuente: La Política Online
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