Brasil
La Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado de Brasil postergó por tercera vez en dos meses la votación del proyecto que propone un nuevo Código Electoral. La iniciativa, en análisis desde 2021, ha enfrentado objeciones de la oposición, particularmente por incluir una cuarentena electoral para policías y militares, así como medidas penales contra la desinformación.
El texto, elaborado por la diputada Soraya Santos (PL-RJ) y con más de 900 artículos, busca unificar la legislación electoral y partidaria en una sola norma. El relator del proyecto, el senador Marcelo Castro (MDB-PI), ha presentado diez versiones del informe, ajustándolo ante las críticas y negociaciones políticas. La última propuesta mantiene medidas polémicas, como la reserva de escaños para mujeres, sanciones por noticias falsas y nuevas reglas para el uso de inteligencia artificial en campañas.
Castro propuso reprogramar la discusión para la próxima semana, aunque el presidente de la CCJ, Otto Alencar (PSD-BA), evitó fijar una fecha. Argumentó que los senadores deben negociar con diputados para garantizar que los cambios realizados por el Senado no sean revertidos cuando el texto vuelva a la Cámara.
Una de las principales controversias es la imposición de un período de cuarentena para jueces, fiscales, policías, militares y guardias municipales que deseen postularse a cargos públicos. Castro redujo la propuesta original de cuatro a dos años, alegando que estas funciones de Estado son incompatibles con la actividad política. Dada la falta de consenso, sugirió votar esta cláusula por separado.
El proyecto también incluye una cuota del 20% de escaños para mujeres en legislaturas municipales, estatales, distritales y federales, excluyendo al Senado. Sin embargo, el presidente de la Cámara Alta, Davi Alcolumbre (União-AP), manifestó su desacuerdo, calificando la medida como una vía poco razonable para promover la participación femenina en la política.
Pese a las presiones de la oposición, el relator mantuvo las disposiciones que criminalizan la difusión deliberada de noticias falsas durante las campañas. El texto penaliza con prisión de uno a cuatro años, además de multas, a quienes promuevan informaciones sabidamente falsas que afecten la equidad electoral o disuadan la participación ciudadana. En el entorno digital, las sanciones pueden alcanzar hasta 120 mil reales si se divulgan en los tres meses previos a la elección.
Asimismo, se aclara que la "mera crítica u opinión" sobre el sistema electoral no será considerada delito.
El código prohíbe el uso de fondos públicos de campaña —como el Fondo Electoral y el Fondo Partidario— para divulgar discursos de odio o mensajes falsos. Define como discurso de odio toda manifestación basada en prejuicios de raza, religión, orientación sexual u origen.
Además, establece que el cierre de cuentas de candidatos en redes sociales debe ser una medida de último recurso, y que cualquier suspensión debe notificarse con al menos 24 horas de anticipación por parte de los proveedores de servicio.
Uno de los puntos más recientes incorporados al proyecto prohíbe el uso de inteligencia artificial para simular la imagen o voz de personas vivas o fallecidas, incluso con consentimiento. El contenido generado con IA deberá incluir una advertencia clara que lo identifique como manipulado o sintético.
El texto también prevé el uso de recursos del Fondo Partidario para actividades como la contratación de encuestas o asesorías fuera del periodo electoral. Además, reorganiza normas sobre el sistema electoral, propaganda política, justicia electoral y delitos vinculados al proceso comicial.
Aunque la Cámara de Diputados aprobó el texto en 2021, los cambios introducidos por el Senado implican que, de ser aprobado, deberá volver a la Cámara para una nueva evaluación.
“Consolidar toda la legislación electoral en una sola norma representaría un avance significativo”, afirmó Castro, quien reiteró su disposición al diálogo para alcanzar un consenso legislativo.
Fuente: O Globo
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