La diputada federal Maribel Solache González (Morena) advirtió que los mexicanos que residen en Estados Unidos enfrentan serias dificultades para ejercer su derecho al voto, al recibir credenciales de elector desactivadas y enfrentar un proceso de activación poco accesible.
Actualmente, los connacionales que tramitan su credencial para votar desde los consulados mexicanos en EE.UU. obtienen un documento sin validez inmediata, ya que sus datos no figuran automáticamente en el padrón electoral. Solache calificó este mecanismo como “disuasorio”, y lo atribuyó a prácticas institucionales que, según dijo, reproducen actitudes clasistas y racistas hacia los migrantes.
“El sistema está diseñado para que no votemos”, sentenció la legisladora en entrevista, tras anunciar que presentará una iniciativa de reforma durante el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso. Su propuesta busca facilitar el registro de votantes en el exterior y se complementará con las reformas electorales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Solache explicó que conseguir una cita para el trámite en los consulados puede demorar varios meses, y una vez que se recibe la credencial, aún se requiere un proceso adicional para activarla. Este paso, denunció, debe realizarse mediante una llamada telefónica que rara vez es atendida o a través de la página del Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual representa una barrera para muchos migrantes, especialmente adultos mayores o personas con bajo acceso digital.
Además de dificultar el voto, esta situación impide a los mexicanos en el extranjero utilizar la credencial como documento de identificación ante bancos u otras instituciones.
“Hay cerca de 40 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, pero sólo alrededor de 2 millones cuentan con credencial, y apenas 226 mil lograron registrarse para votar en 2024. El problema no es la falta de interés, sino el laberinto burocrático que deben atravesar”, subrayó.
La diputada anunció que en los próximos meses sostendrá reuniones con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el INE y la Oficina de la Presidencia, con el objetivo de consensuar los términos de su iniciativa y garantizar que sea incluida en la agenda legislativa.
Fuente: La Jornada
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