Incertidumbre y contradicciones: Un Análisis exhaustivo del panorama político costarricense rumbo a las elecciones de 2026

Por: Elliot Coen

A menos de cinco meses de las elecciones presidenciales de febrero de 2026, el panorama político costarricense se caracteriza por una profunda incertidumbre y una serie de contradicciones que definen el sentir del electorado. Mi columna de hoy, está basada en la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) que revela un escenario marcado por una abrumadora mayoría de votantes indecisos, que constituyen la principal fuerza electoral del país.

Esta indecisión se enmarca en un contexto de fragmentación partidaria sin precedentes y una notable desconexión entre la sólida aprobación personal del presidente Rodrigo Chaves y el limitado apoyo a su movimiento político y su candidata designada. 

La agenda pública ha sido redefinida por una creciente preocupación por la inseguridad y la delincuencia, que se consolida como el principal problema nacional para casi la mitad de la población.

Este clima de descontento y volatilidad crea un entorno electoral impredecible, donde cualquier resultado es posible y la capacidad de los candidatos para conectar con las ansiedades ciudadanas en los meses finales será decisiva. 

La encuesta se completaron 1,003 entrevistas a personas mayores de 18 años, logrando una cobertura del 97.5% de la población nacional con acceso a telefonía celular, presentando un margen de error máximo de ±3 puntos porcentuales, calculado con un 95% de nivel de confianza. 

El humor social: Inseguridad y desconfianza marcan la Agenda Pública

El análisis del humor social revela un cambio sísmico en las prioridades del electorado costarricense. La creciente preocupación por la inseguridad se ha consolidado como el principal motor del descontento ciudadano, eclipsando temas económicos que tradicionalmente dominaban la agenda pública.

Esta ansiedad no solo redefine el campo de batalla para la campaña electoral de 2026, sino que también alimenta una profunda crisis de confianza en la capacidad de las instituciones para garantizar el bienestar de la población.

La inseguridad y la delincuencia son percibidas como el principal problema del país por un 45% de la población, la cifra más alta registrada hasta la fecha en las mediciones del CIEP. Este dato relega a un segundo plano a otras preocupaciones significativas como la corrupción (15.5%), el costo de vida y la inflación (6.9%), el desempleo (5.5%) y la mala gestión del gobierno (5.2%). 

Esta percepción se alinea con informes que documentan un deterioro objetivo de la seguridad, incluyendo un aumento en la tasa de homicidios y la expansión de la violencia asociada al crimen organizado, con un impacto particularmente agudo en las zonas costeras y territorios con mayor rezago social.

Esta preocupación dominante se ve agravada por una marcada desconfianza en la capacidad del Poder Ejecutivo para enfrentar el desafío. Un contundente 70% de la población manifiesta tener poca o ninguna confianza en la habilidad del gobierno actual para resolver el principal problema del país.

Esta brecha entre la principal demanda ciudadana y la percepción de ineficacia gubernamental representa una vulnerabilidad estratégica para el oficialismo de cara a las elecciones. 

Tabla 1: Principales Preocupaciones de la Ciudadanía (Septiembre 2025) 

Problema Principal	Porcentaje
Inseguridad / Delincuencia	45,0%
Corrupción	15,5%
Costo de la vida / Inflación	6,9%
Desempleo	5,5%
Mala gestión del gobierno	5,3%

La prominencia de la inseguridad no es solo una estadística; representa un potencial catalizador para un voto de castigo. A pesar de la popularidad personal del presidente, su administración es evaluada como deficiente en el tema que más importa a los votantes.

Históricamente, cuando un asunto alcanza este nivel de relevancia y el gobierno en funciones es percibido como incapaz de gestionarlo, se crea una oportunidad estratégica para la oposición. El desafío para las fuerzas no oficialistas radicará en su capacidad para articular una propuesta de seguridad que sea percibida como creíble y eficaz, llenando el vacío de confianza dejado por la administración actual.

En un nivel más profundo, la consolidación de la inseguridad como la principal preocupación nacional desafía el núcleo de la identidad costarricense, tradicionalmente asociada a la paz y la estabilidad en una región convulsa. 

Este fenómeno, que erosiona la noción del "excepcionalismo" costarricense, puede explicar en parte la creciente desafección ciudadana hacia la democracia y los partidos tradicionales, como lo señalan diversos estudios sobre la cultura política del país. 

Esta ansiedad podría generar una mayor receptividad a discursos de "mano dura" o a liderazgos que prometan soluciones drásticas, un patrón observado en otras latitudes de la región que enfrentan crisis de seguridad similares. 

La paradoja de Chaves: popularidad personalista vs. desgaste del oficialismo

El escenario político actual está definido por una notable paradoja: la sólida y sostenida popularidad personal del presidente Rodrigo Chaves coexiste con una incapacidad de su movimiento político para capitalizar dicho apoyo. El análisis de los datos sugiere que el "chavismo" se manifiesta como un fenómeno personalista, cuyo capital político no ha logrado institucionalizarse ni transferirse de manera efectiva a su partido o a su candidata sucesora.

El presidente Chaves mantiene un nivel de aprobación del 52%, una cifra que supera a la de todos sus predecesores en el mismo punto de su mandato. Sin embargo, este respaldo no se traduce en un apoyo equivalente para el oficialismo. La candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, apenas alcanza un 12% de la intención de voto total, lo que significa que menos de una de cada cuatro personas que aprueban la gestión del presidente tiene la intención de votar por su candidata. 

Esta desconexión se refleja en las respuestas contradictorias del electorado. Mientras que un 57% considera que "el gobierno actual merece seguir en el poder", un abrumador 75% también afirma que "tuvo tiempo de hacer cosas y no las hizo", y un 62% prefiere que "otro partido, diferente al actual, llegue al poder".

 

Esta disonancia cognitiva revela que el apoyo a Chaves es una adhesión a su figura como agente de ruptura contra el establishment, más que un respaldo a su gestión o a su proyecto político. Esto lo he venido señalando tiempo atrás pero, los políticos tradicionales, no terminan de aceptarlo porque implica aceptar su responsabilidad de sus administraciones pasadas en este descontento ciudadano. 

El perfil sociodemográfico de quienes apoyan al presidente refuerza esta interpretación. Su base de apoyo es más fuerte entre hombres de 35 a 54 años, con niveles educativos de primaria y secundaria, y con una concentración geográfica fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), particularmente en las provincias de Puntarenas, Guanacaste y Limón. 

Este perfil sugiere un electorado que se siente desconectado de los centros de poder tradicionales y que encontró en Chaves un vehículo para expresar su descontento. 

El voto que llevó a Chaves al poder y que mantiene su popularidad no es un cheque en blanco para su movimiento. Es un voto fundamentalmente anti-sistema, dirigido contra lo que se percibe como la clase política tradicional, los partidos históricos y los medios de comunicación. 

No obstante, este respaldo no implica una lealtad ideológica incondicional ni una transferencia automática de apoyo a su sucesora. La alta volatilidad de este segmento del electorado implica que su voto podría migrar hacia cualquier otra figura que encarne una ruptura similar, en lugar de consolidarse detrás de la candidata oficialista. 

Este escenario pone de manifiesto el riesgo inherente a los movimientos personalistas. La popularidad del "chavismo" está intrínsecamente ligada a la persona de Rodrigo Chaves, no a la marca institucional de los partidos que lo han respaldado, como el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) o el nuevo PPSO. 

La historia política regional demuestra consistentemente la dificultad de los líderes carismáticos para transferir su capital político. La baja intención de voto de Laura Fernández es una clara evidencia de este desafío. 

Por lo tanto, el principal obstáculo para el oficialismo de cara a 2026 no parece ser la oposición, sino su propia incapacidad estructural para institucionalizar un movimiento que, hasta ahora, depende exclusivamente de la figura de su líder. 

Intención de voto presidencial: un escenario fragmentado sin un favorito claro

El panorama de la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026 se define por una atomización sin precedentes, donde ninguna candidatura logra consolidar un apoyo mayoritario. La fuerza electoral dominante es, sin lugar a dudas, la indecisión, que sumada a la opción "ninguno de ellos", revela un electorado profundamente insatisfecho y en busca de alternativas.

Según los datos de la encuesta, un masivo 57% de los votantes aún no ha decidido por quién votará, lo que convierte a los indecisos en el bloque más grande y decisivo del electorado. 

Entre los decididos, la candidata oficialista Laura Fernández (PPSO) encabeza las preferencias con un 12% del total, seguida por Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional (PLN) con un 6%, y Ariel Robles del Frente Amplio (FA) con un 5%. Ningún otro aspirante supera el margen de error del 3%, incluyendo figuras como Claudia Dobles (PAC), Fabricio Alvarado (Nueva República) y Eliécer Feinzaig (PLP), quienes registran apoyos del 2% o menos. 

Es de destacar que un 7% del electorado manifiesta su intención de votar por el propio presidente Rodrigo Chaves, una opción constitucionalmente inviable que subraya la naturaleza personalista de su apoyo. 

Tabla 2: Intención de Voto para la Presidencia (Septiembre 2025) 

Opción	Porcentaje
Personas indecisas	57%
Laura Fernández (PPSO)	12%
Rodrigo Chaves (no es candidato)	7%
Álvaro Ramos (PLN)	6%
Ariel Robles (FA)	5%
Ninguno (Votará en blanco)	3%
Ninguno (Anulará su voto)	2%
Claudia Dobles (PAC)	2%
Fabricio Alvarado (NR)	1%
Otros	1%
Natalia Diaz (UP)	1%
Juan Carlos Hidalgo (PUSC)	1%
Luz Mary Alpízar (PPSD)	1%
Eliecer Feinzag (PLP)	0,2%
José Aguilar Berrocal (Avanza)	0,1%
Claudio Alpizar (EN)	0,1%

El análisis detallado de los datos brutos permite trazar perfiles demográficos de los nichos de apoyo para las principales figuras y, de manera crucial, para el grupo que rechaza todas las opciones presentadas.

El perfil del votante de Álvaro Ramos se concentra en el Gran Área Metropolitana (GAM), con un 44.1% de su apoyo proveniente de San José. Su base es ligeramente más femenina (52.9%) y se inclina hacia el segmento de 36 a 64 años (47.1%). Notablemente, su mayor fortaleza reside en el electorado con estudios universitarios, donde concentra casi el 60% de su respaldo, perfilándose como un candidato con fuerte arraigo en sectores urbanos y educados. 

El perfil del votante de Claudia Dobles, con un 2% de apoyo, muestra una base electoral incipiente pero con características definidas. Su respaldo, aunque minoritario, se concentra en la Gran Área Metropolitana, con un 40% de sus votantes en San José. Su apoyo proviene mayoritariamente del segmento de 36 a 64 años y de votantes con niveles educativos medios y altos. 

El perfil del votante del grupo que opta por "Ninguno de ellos" es el más revelador. Representa un 33.4% de los encuestados que sí expresaron una preferencia. Este electorado es predominantemente masculino (54.1%), de edad media (49.2%) y con niveles educativos de secundaria o inferiores (55.2%). Su distribución geográfica es más amplia, con una presencia significativa fuera del GAM, especialmente en Alajuela y Limón. 

Este perfil se asemeja en varios aspectos al del votante que apoya al presidente Chaves, lo que sugiere que una parte importante del electorado anti-sistema no ve en la candidata oficialista una opción atractiva, manteniendo su voto en un estado de latencia a la espera de una alternativa que los convenza. 

Este escenario de volatilidad no es una anomalía, sino la consolidación de una tendencia de desalineamiento partidario que ha caracterizado la política costarricense en la última década. 

El propio presidente Chaves, que en septiembre de 2021 contaba con apenas un 2% de apoyo, logró una victoria contundente meses después. 

Esto demuestra que las encuestas actuales son una fotografía de un terreno político inestable y no un pronóstico definitivo. La capacidad de los candidatos para movilizar a los indecisos y atraer al votante descontento en los meses finales de la campaña será, por tanto, el factor determinante del resultado electoral. 

La futura Asamblea Legislativa: proyecciones de una mayor fragmentación

La crisis de representación y la apatía ciudadana se manifiestan de forma aún más aguda en el panorama legislativo. Con un nivel de indecisión que alcanza un asombroso 70%, las proyecciones apuntan hacia una Asamblea Legislativa extremadamente fragmentada para el período 2026-2030. 

Esta atomización del poder legislativo anticipa serios desafíos para la gobernabilidad, independientemente de quién ocupe la presidencia, y amenaza con intensificar el conflicto institucional que ya ha caracterizado el entorno político reciente. 

Los datos de intención de voto para diputados revelan la debilidad de todas las estructuras partidarias. Ningún partido logra superar el umbral del 10% de apoyo. El oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) y el Frente Amplio (FA) lideran con un exiguo 7% cada uno. Les siguen de cerca el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), ambos con un 5% de las preferencias. 

Tabla 3: Intención de Voto para Diputaciones (Septiembre 2025) 

Partido Político	Porcentaje
Personas indecisas	70.0%
Pueblo Soberano (PPSO)	7.0%
Frente Amplio (FA)	7.0%
Liberación Nacional (PLN)	5.0%
Progreso Social Democrático (PPSD)	5.0%
Unidad Social Cristiana (PUSC)	2.0%
Otros partidos	4.0%

La comparación entre la intención de voto presidencial y la legislativa evidencia un creciente divorcio en la decisión del electorado. Los partidos políticos reciben consistentemente un apoyo menor que sus candidatos presidenciales. Por ejemplo, mientras Laura Fernández obtiene un 12% de respaldo, su partido, el PPSO, solo alcanza el 7%. De manera similar, Álvaro Ramos del PLN capta un 6% del voto presidencial, pero su partido se queda en un 5% para la Asamblea.

Este fenómeno de "voto cruzado" indica que los votantes diferencian cada vez más entre la elección del poder ejecutivo y la del legislativo. La consecuencia directa es que el próximo presidente, incluso si logra una victoria clara, probablemente carecerá de una bancada legislativa sólida que respalde su agenda.

Esta disociación entre el mandato presidencial y la composición del Congreso agudiza los desafíos de gobernabilidad, haciendo prever un período de negociaciones constantes, posibles bloqueos legislativos y una intensificación del conflicto entre poderes, lo que podría llevar a la parálisis institucional en un momento en que el país demanda soluciones urgentes a problemas complejos como la inseguridad.

Perfiles de los candidatos y plataformas partidarias: un vistazo a las opciones

Para interpretar adecuadamente los datos cuantitativos de la encuesta, es fundamental comprender el perfil de los principales actores políticos y las plataformas ideológicas que representan. El actual escenario electoral está poblado por una mezcla de figuras tecnocráticas, líderes de movimientos ideológicos consolidados y representantes del oficialismo, cada uno compitiendo por atraer a un electorado fragmentado y descontento.

• Álvaro Ramos (PLN): Economista con un doctorado de la Universidad de California en Berkeley y una destacada carrera técnica, fue Superintendente de Pensiones y Viceministro de Hacienda.  Su nombramiento y posterior destitución de la presidencia ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por el presidente Chaves lo posicionó como una figura de oposición con experiencia de gestión. Representa al ala más tecnocrática y moderada del Partido Liberación Nacional (PLN), cuya plataforma tradicionalmente defiende el estado social de derecho y un modelo de desarrollo basado en la justicia social y la solidaridad. Su candidatura, ganadora en la convención interna del PLN, apela a un electorado que valora la preparación académica y la experiencia en la administración pública. Arrastra el peso de un partido desgastado y de una candidatura “impuesta” por la “cúpula corrupta del PLN”
• Laura Fernández (PPSO): Como candidata del movimiento oficialista, su principal activo político es la promesa de dar continuidad al proyecto del presidente Chaves. Su desafío fundamental consiste en lograr que el masivo apoyo personalista del mandatario se transfiera a su candidatura, una tarea que, según la encuesta, resulta compleja.
• Ariel Robles (FA): Docente de profesión y actual diputado, Robles se ha consolidado como una de las voces más visibles de la izquierda progresista en la Asamblea Legislativa. Su plataforma, en línea con los principios del Frente Amplio (FA), se centra en la justicia social, el feminismo, el ecologismo y la defensa de los derechos humanos, presentándose como una alternativa al modelo neoliberal. Su candidatura se enfrenta a un electorado costarricense que aún no está dispuesto a votar por una izquierda, “muy de izquierda”.
• Eli Feinzag (PLP): Economista y diputado, Feinzaig es el fundador y líder del Partido Liberal Progresista (PLP). Su plataforma se adhiere al liberalismo clásico, abogando por la economía de mercado, un estado reducido y eficiente, y la defensa de las libertades individuales. En el ámbito social, su partido apoya el matrimonio igualitario y la legalización de la marihuana, buscando atraer a un electorado que combina el liberalismo económico con posturas socialmente progresistas. Sin embargo, su regular desempeño como diputado le pasará factura en las próximas elecciones.
• Claudia Dobles (CAC): Arquitecta y ex Primera Dama (2018-2022), se presenta como candidata de la coalición Agenda Ciudadana, que incluye al Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Partido Acción Demócrata Nacional (ADN). Con una sólida formación en arquitectura y urbanismo, su plataforma se asocia con la continuidad de las políticas progresistas de la administración Alvarado Quesada, con un enfoque en la modernización del transporte, la movilidad eléctrica y el ordenamiento territorial. Una candidatura percibida como seria que arrastra una doble marca complicada: PAC y la Administración Alvarado Quesada.
• Fabricio Alvarado (Nueva República): Periodista, cantante cristiano y político conservador, fue candidato presidencial en 2018 y 2022. Su partido, Nueva República, defiende una plataforma basada en valores cristianos, la protección de la vida y la familia, y una postura de derecha en lo social y económico. Cuenta con un voto duro consolidado pero que le costará retener en este panorama actual.
• Juan Carlos Hidalgo (PUSC): Como candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), busca revitalizar una de las fuerzas políticas tradicionales del país, que se inspira en los principios del humanismo cristiano y el estado social de derecho, sin embargo la escucha social que realizamos nos indica que el voto duro del PUSC no lo ve encarnando esos valores sino los propios del neoliberalismo.
• Natalia Díaz (Unidos Podemos): Exministra de la Presidencia en la administración Chaves y exdiputada por el Movimiento Libertario, Díaz representa una corriente liberal que busca consolidarse a través de su nuevo partido, Unidos Podemos. Ella, goza de una oportunidad que no tienen los otros candidatos citados que son las pocas opiniones negativas hacia su figura pública contrariamente a Ramos y Feinzag que son quienes tienen más “anticuerpos” en el electorado costarricense. 

La encuesta revela que no existe una figura o partido que el electorado identifique de manera unívoca como la principal fuerza de oposición al gobierno de Chaves. La Asamblea Legislativa, el PLN y el FA son mencionados, pero ninguno logra aglutinar el descontento.

Esta fragmentación ideológica de la oposición, que abarca desde la izquierda progresista de Robles hasta el liberalismo de Feinzag y el centro tradicional de Ramos, impide la formación de un frente común. Esta división del voto anti-oficialista beneficia estratégicamente al gobierno, al permitirle confrontar a múltiples adversarios divididos en lugar de a un único polo opositor consolidado. 

Conclusiones y perspectivas estratégicas

El análisis de la encuesta del CIEP-UCR de septiembre de 2025 dibuja un panorama político costarricense de una complejidad y una volatilidad sin precedentes.

Las elecciones de 2026 se perfilan como las más impredecibles de la historia reciente, marcadas por un electorado profundamente indeciso, ansioso por la crisis de seguridad y desilusionado con las estructuras partidarias tradicionales. La campaña electoral no será una contienda de lealtades ideológicas, sino una batalla por la capacidad de conectar con las emociones y las prioridades de una ciudadanía que tomará su decisión, en gran medida, en las últimas semanas.

Las implicaciones estratégicas para los principales actores políticos son claras y definitorias:

• Para el oficialismo: El desafío fundamental es trascender el personalismo. La estrategia no puede basarse únicamente en el endoso del presidente Chaves. Es imperativo construir una narrativa propia para su candidata, Laura Fernández, que logre convertir el apoyo a la figura del presidente en un voto institucional por su movimiento. Fracasar en este intento significará la disipación de un capital político que, hasta ahora, ha demostrado ser intransferible.
• Para la oposición tradicional (PLN, PUSC y otros): El reto es doble y simultáneo. Primero, deben encontrar una forma de consolidar un bloque de votantes de centro que actualmente se encuentra fragmentado entre múltiples opciones con perfiles similares. La canibalización del voto urbano y educado es su mayor riesgo estratégico. Segundo, y más importante, deben presentar una propuesta en materia de seguridad que sea contundente, creíble y que ofrezca un contraste claro con la gestión actual. La simple crítica no será suficiente; se requiere una visión de Estado que inspire confianza en su capacidad para restaurar el orden.
• Para candidatos emergentes y fuerzas ideológicas (CAC, FA, PLP, JP,etc.): La masiva indecisión y la debilidad de los partidos tradicionales abren una ventana de oportunidad histórica. Figuras que logren capturar el sentimiento anti-establishment y ofrezcan soluciones claras y directas a la crisis de seguridad podrían experimentar un crecimiento exponencial, similar al que llevó a Chaves al poder. Estas figuras emergentes no deberían de venir del mismo stablishment como algunos pretenden para atender los problemas de seguridad ya que su credibilidad está muy disminuida. Para el Frente Amplio, el reto es ampliar su base más allá de su nicho ideológico; para el Partido Juntos Podemos, es demostrar que su agenda y el liderazgo de Natalia Diaz puede coexistir con una política de seguridad robusta. Para Claudia Dobles su desafió no es menor, pero no imposible ya que, ella, en si misma, al igual que Natalia Díaz, gozan de una reputación política propia y positiva y sus marcas personales son conocidas a nivel nacional. Por ello, ellas, no tienen que “instalarse” en el mercado electoral, sino solo posicionarse según corresponda a sus estrategias de marketing político. 

Independientemente de quién resulte victorioso en febrero de 2026, la próxima administración enfrentará un desafío monumental de gobernabilidad. La previsible fragmentación de la Asamblea Legislativa, combinada con una ciudadanía de bajas lealtades partidarias y altas expectativas de soluciones inmediatas, creará un entorno propenso a la parálisis y al conflicto institucional. La capacidad para forjar alianzas, negociar y construir consensos será tan crucial como ganar la elección misma.

Costa Rica se encuentra en una encrucijada, y la forma en que sus líderes y ciudadanos naveguen esta compleja coyuntura definirá el rumbo del país en los años venideros.