La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha comenzado a revisar tres casos presentados por ciudadanas mexicanas víctimas de violencia vicaria, una forma de violencia de género en la que los agresores —habitualmente hombres— utilizan a los hijos e hijas como herramientas de castigo y control hacia sus exparejas.
Las denuncias, impulsadas por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCIAC), apuntan a un patrón de abuso psicológico, físico, institucional y judicial que ha dejado a las víctimas —una periodista y dos abogadas— sin garantías de justicia y expuestas a represalias. Las afectadas son Gabriela Pablos, Eliza Zaldívar y Blanca Paredes.
“Dicen que hay dos versiones de cada historia, pero en la violencia vicaria no hay dos lados. Hay impunidad, corrupción y una omisión sistemática del Estado”, sostiene Pablos.
El caso de Blanca Paredes evidencia cómo la violencia vicaria se entrelaza con estructuras de poder. A los 15 años comenzó una relación con José de Jesús Covarrubias, exmagistrado del Poder Judicial de Jalisco y del Tribunal Electoral federal. Con él tuvo dos hijos. Años después, denunció haber sido víctima de abuso físico, sexual y psicológico, además de enfrentar el rechazo de Covarrubias a su petición de divorcio.
El punto de quiebre llegó cuando descubrió, mediante cámaras de seguridad, que su sobrina había sido víctima de abuso sexual por parte del exmagistrado. Aunque interpuso denuncias, asegura que fueron extraviadas o archivadas sin seguimiento. A través de una denuncia pública en la Universidad de Guadalajara, se sumaron al menos 87 testimonios adicionales de exalumnas que señalan a Covarrubias por conductas similares.
Paredes afirma haber sido arrestada ilegalmente, víctima de agresiones y amenazas. Una de las más graves ocurrió luego de una reunión con el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Poco después, hombres armados irrumpieron en casa de su hermana —donde se encontraban sus hijos— y dejaron un mensaje: “Si sigues con tus mamadas, nos los vamos a llevar”.
La periodista Gabriela Pablos también ha vivido episodios de violencia vicaria por parte de dos exparejas. Asegura que ambas se aliaron para arrebatarle a sus hijos, recurriendo a denuncias penales sin sustento y orquestando la sustracción de un bebé apenas nacido. “Me dijo que saldría al parque con el niño y no regresó”, relata.
Eliza Zaldívar, abogada y madre de dos hijos, enfrentó acoso sexual durante las visitas de su exmarido tras el divorcio. Al intentar protegerse, fue posteriormente acusada por “prostitución”, en un proceso que describe como revictimizante. Años después, mientras estaba en Colombia por trabajo, su expareja obtuvo la custodia temporal de los menores, acusándola de “abandono”.
Aunque Zaldívar ha obtenido resoluciones judiciales a su favor, éstas no han sido ejecutadas. “Tengo todos los fallos de mi lado, pero el sistema no responde. Las decisiones del juez de lo familiar siguen sin aplicarse”, asegura.
Los tres casos han sido aceptados para revisión por la CIDH, que determinó que el Estado mexicano ha incurrido en violaciones sistemáticas a los derechos de las víctimas. Además, se ha sumado un cuarto caso, el de Blanca Estela Cardona Ramos, activista y estudiante de derecho.
Hasta ahora, el Gobierno de México no ha respondido formalmente a las solicitudes de información emitidas por la Comisión en varios de estos casos. En el expediente de Zaldívar, el plazo venció en abril de 2025; en el de Pablos, en diciembre de 2024. El único caso con respuesta parcial es el de Paredes, cuya petición ya fue calificada como lista para informe.
Mientras tanto, la expareja de Pablos ha presentado un amicus curiae ante la CIDH, intentando frenar el proceso. La Comisión, sin embargo, aún no se ha pronunciado al respecto.
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad busca que la CIDH emita un informe que obligue al Estado mexicano a reconocer la violencia vicaria como una violación de derechos humanos, así como su tipificación y sanción efectiva en todo el país.
Actualmente, este tipo de violencia sólo está reconocida explícitamente en las leyes locales de 12 entidades federativas, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En otros Estados solo se menciona de forma indirecta, y en casos como Guerrero, Querétaro y Coahuila, aunque ha sido aprobada su inclusión legal, no ha sido publicada, generando un vacío jurídico preocupante.
Fuente: El País
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