República Dominicana
La inclusión de las plataformas digitales en el proyecto de ley de libertad de expresión, actualmente en discusión en el Senado, recibió un espaldarazo firme por parte de un grupo de legisladores y del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP). Durante una reunión entre la comisión redactora designada por el Ejecutivo y los senadores que estudian la propuesta, se reafirmó la postura de que los entornos digitales deben estar sujetos a regulación bajo un mismo marco normativo.
Esta posición contrasta con la del jurista Namphi Rodríguez, quien presidió la comisión de expertos que redactó la pieza a solicitud del Poder Ejecutivo. Rodríguez ha sugerido excluir las plataformas digitales del texto legal vigente y abordar su regulación en una legislación posterior, especializada.
Senadores como Antonio Taveras Guzmán (PRM – Santo Domingo) y Félix Bautista (FP – San Juan) argumentaron que la Constitución avala la regulación de todos los medios que impactan derechos fundamentales, como la libertad de expresión. Ambos subrayaron que el objetivo de la ley no es limitar la expresión, sino garantizarla bajo principios de equidad, responsabilidad y protección frente a campañas difamatorias, especialmente en entornos digitales desregulados.
Rechazaron la idea de crear marcos legislativos separados para medios tradicionales y digitales, insistiendo en que una única legislación puede asegurar mayor claridad y eficacia normativa.
La senadora Aracelis Villanueva (PRM – San Pedro de Macorís), quien preside la comisión del Senado encargada de revisar el proyecto, mantuvo una posición más conciliadora. Señaló que la comisión aún está en proceso de evaluación y que está abierta a escuchar a todos los sectores involucrados. No obstante, recordó que el propósito de la legislación es garantizar un trato justo y equilibrado para todos los actores del ecosistema comunicacional.
El presidente del CDP, Aurelio Henríquez, quien participó en la elaboración del proyecto, defendió el contenido del texto. Aseguró que el proceso de redacción tomó más de dos años e incluyó consultas con instancias internacionales como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA. Según Henríquez, muchas de las críticas hacia la ley provienen de un desconocimiento de sus alcances, el cual podría resolverse con mayor difusión del contenido y sus glosarios explicativos.
De igual forma, el abogado Eric Raful, otro de los integrantes de la comisión redactora, destacó que el proyecto busca una regulación coherente y transversal que contemple tanto a medios tradicionales como a grandes plataformas digitales. Aclaró que no se trata de perseguir a productores individuales de contenido, sino de establecer responsabilidad legal para plataformas con amplio alcance y poder de difusión.
En la reunión, Rodríguez reiteró que un enfoque único podría traer complicaciones legales al mezclar medios con naturalezas operativas distintas. No obstante, se mostró dispuesto a acatar lo que determine la comisión senatorial, siempre que se garantice seguridad jurídica y respeto a la libertad de expresión.
Aunque el proyecto de ley aún se encuentra en una etapa inicial de revisión, el debate ya perfila una tendencia mayoritaria dentro del Congreso: avanzar hacia una legislación que contemple de forma integral los retos y responsabilidades de los medios digitales dentro del nuevo ecosistema informativo del país. La discusión sigue abierta, pero con un horizonte normativo que apunta a fortalecer la libertad de expresión con responsabilidad, en todos los formatos.
Fuente: Diario Libre
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