La comisión bicameral del Congreso Nacional que analiza el nuevo Código Penal de la República Dominicana ha incluido en su propuesta sanciones por actos de discriminación, estableciendo penas de entre 15 días y un año de prisión, además de multas equivalentes a dos salarios mínimos del sector público, según lo dispuesto en el artículo 185 del proyecto.
La normativa penal busca reforzar el principio de igualdad consagrado en el artículo 39 de la Constitución dominicana, estableciendo sanciones para quienes discriminen por motivos de género, color de piel, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, idioma, religión, opinión política o filosófica, y condición social o personal.
Entre las conductas que podrían ser penalizadas se encuentran la negativa a prestar un bien o servicio a la víctima, impedirle participar en actividades económicas, negarle oportunidades de empleo, imponerle sanciones laborales o despedirla injustificadamente. También se castigará la exclusión del acceso a la educación en cualquier nivel, así como la prohibición de ingreso a establecimientos públicos, comerciales o eventos.
Esta disposición fue incorporada durante las reformas al Código Penal realizadas en 2024, como respuesta a las exigencias de colectivos LGBTIQ+ y organizaciones de derechos humanos, quienes denunciaban la ausencia de protección legal frente a actos discriminatorios en versiones anteriores del Código.
Dichas versiones no contemplaban responsabilidad penal por rechazar a una persona por razones de género u orientación sexual, lo cual fue ampliamente criticado por diversos sectores sociales.
Durante el actual proceso de observaciones, el Consejo Nacional de Expresidentes del Colegio de Abogados de la República Dominicana (Conexpcard) pidió a la comisión legislativa revisar o eliminar el artículo 185, argumentando que podría prestarse a interpretaciones erróneas en el contexto de la política migratoria nacional.
"Existe el riesgo de que esta disposición sea utilizada para deslegitimar acciones legítimas del Estado en materia migratoria, lo cual podría provocar tensiones sociales y una percepción de injusticia entre la ciudadanía", advirtió el Conexpcard.
En ese sentido, propusieron establecer un marco legal que diferencie claramente entre actos de discriminación y las medidas orientadas a la regulación migratoria.
La comisión bicameral, integrada por 11 senadores y 21 diputados, retomará sus trabajos legislativos luego del receso de Semana Santa, con la intención de seguir afinando los detalles del nuevo Código Penal, que continúa generando debate en distintos sectores del país.
Fuente: Diario Libre
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