Por Ezequiel Parolari
El atentado contra el candidato presidencial colombiano Miguel Uribe (junio de 2025) confirma una tendencia preocupante en América Latina: el aumento de la violencia política como mecanismo de disputa del poder. Este artículo analiza, desde una perspectiva académica y comparada, los factores estructurales que configuran escenarios de crisis en la región para los próximos cinco años. Se identifican cuatro ejes de riesgo —violencia electoral, captura criminal del Estado, desafección democrática y polarización— y se argumenta que, de no ser atendidos, estos fenómenos pueden conducir a un retroceso democrático significativo en la región.
1. Introducción
América Latina atraviesa un período de profundas tensiones sociales y políticas. El reciente atentado contra Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial colombiano, no constituye un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de debilitamiento institucional, violencia contra figuras públicas y creciente desconfianza en la democracia. La región, que ha sido laboratorio de avances democráticos y retrocesos autoritarios, se enfrenta nuevamente al desafío de sostener su estabilidad en un entorno de fragmentación social, crimen organizado y liderazgos populistas.
2. La violencia política como síntoma de descomposición
El atentado del 8 de junio de 2025 contra Uribe en Bogotá refleja un fenómeno en alza. Según ACLED (2023), los actos de violencia política en América Latina aumentaron un 35 % respecto a 2021, especialmente durante períodos electorales. En Colombia, se han registrado más de 1.000 amenazas contra líderes sociales y políticos solo en el último año, lo que evidencia una desinstitucionalización de la disputa democrática.
Ecuador vivió una experiencia trágica en 2023 con el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Estos hechos remiten a lo que Levitsky y Way (2010) denominan autoritarismo competitivo, donde las formas democráticas se mantienen, pero las prácticas se distorsionan bajo presiones externas e internas.
3. Factores estructurales de las futuras crisis
3.1. Crimen organizado y captura del Estado
La expansión del crimen transnacional en México, Colombia, Ecuador y partes de Centroamérica ha provocado la ocupación territorial de zonas sin control estatal. La criminalidad organizada ha dejado de ser subterránea para volverse institucional.
Ecuador, con un incremento del 500 % en homicidios entre 2019 y 2023, muestra cómo el narcotráfico puede erosionar la autoridad del Estado y condicionar la agenda electoral.
3.2. Polarización y desafección democrática
Según el Latinobarómetro (2023), solo el 48 % de los latinoamericanos apoya la democracia como mejor forma de gobierno, y un 28 % aceptaría un gobierno autoritario si resuelve sus problemas. Esta caída en la legitimidad democrática habilita liderazgos populistas y decisiones discrecionales que debilitan el Estado de derecho.
3.3. Fragilidad institucional y liderazgo personalista
En al menos ocho países de la región, los presidentes han impulsado reformas constitucionales para ampliar sus mandatos o debilitar organismos de control. Esta tendencia de concentración del poder, si bien legal en muchos casos, socava la lógica de frenos y contrapesos y aumenta la posibilidad de crisis políticas cuando los sistemas no logran contener el conflicto.
4. Escenarios de riesgo para 2025–2030
Escenario Riesgo clave Consecuencia probable
La fragmentación estatal, por ejemplo, ocurre cuando el Estado pierde el control efectivo de partes de su territorio, permitiendo que actores no estatales —principalmente grupos criminales organizados— ocupen y administren esas zonas. En estos contextos, el crimen no solo controla rutas de comercio ilegal o impone su ley a través de la violencia, sino que asume funciones propias del Estado: regula disputas, impone impuestos, establece toques de queda, provee “justicia” informal e incluso asistencia social.
Este fenómeno ha sido documentado en zonas de México, Colombia, Venezuela, Brasil y Centroamérica, donde estructuras criminales actúan como gobiernos paralelos de facto. Su consolidación erosiona la legitimidad del Estado y produce una soberanía compartida o directamente desplazada. La consecuencia más grave no es solo la pérdida territorial, sino el debilitamiento del contrato social: el ciudadano ya no percibe al Estado como garante de sus derechos, sino como un actor ausente o subordinado a poderes informales.
Para el período 2025–2030, este riesgo podría intensificarse por la convergencia de factores como:
• crisis fiscales y recortes en seguridad pública
• degradación institucional
• corrupción endémica
• avance tecnológico del crimen transnacional
Si no se mitiga, puede conducir a la consolidación de “zonas liberadas” donde no rige la ley nacional, afectando la gobernabilidad, el desarrollo y la inversión.
5. Recomendaciones desde la comunicación política
5.1. Reconstrucción del vínculo emocional con la ciudadanía
Las democracias no se sostienen solo por reglas, sino por narrativas. Es fundamental que los liderazgos construyan relatos de sentido colectivo que revaloricen la participación, el bien común y la dignidad política frente a la lógica del miedo o del odio.
5.2. Transparencia narrativa y lenguaje claro
Se requiere una comunicación clara, honesta y frecuente sobre decisiones públicas, especialmente en contextos de crisis. La "verdad comunicada" fortalece la resiliencia institucional.
5.3. Construcción de liderazgos dialogantes
La polarización puede atenuarse si desde la comunicación se promueve una escucha activa, encuentros plurales, y una estrategia mediática que desincentive el conflicto performativo.
5.4. Prevención de la desinformación y blindaje electoral
Urge implementar observatorios de integridad informativa, fortalecer las alfabetizaciones digitales y entrenar a voceros públicos para reaccionar con rapidez y rigor frente a las fake news.
5.5. Co-creación de agenda pública con la sociedad civil
Incluir a movimientos sociales, organizaciones comunitarias y medios independientes en la construcción de agendas genera legitimidad compartida y evita la captura discursiva por parte de sectores extremistas.
Conclusión
América Latina enfrenta una encrucijada. El atentado a Miguel Uribe es una advertencia concreta: el retroceso democrático no siempre ocurre con golpes de Estado, a veces se da de forma silenciosa, bajo la forma de miedo, resignación o complicidad. Para evitar una nueva ola de crisis políticas y sociales, se requiere más que reformas: hace falta una nueva ética de lo público, un pacto regional por la democracia y un liderazgo que no tema enfrentarse al poder cuando este corrompe. La comunicación política, entendida como herramienta de construcción democrática y no solo electoral, será decisiva en ese desafío.
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