Treces partidos quedan al borde de la desaparición tras el revés electoral en Chile

Chile

Treces partidos políticos chilenos quedaron al borde de la desaparición tras los resultados de la elección parlamentaria del domingo, un golpe que podría reconfigurar por completo el mapa político del país. De las 25 colectividades legalmente constituidas, más de la mitad no logró el umbral mínimo exigido: 5% de votos válidos o al menos cuatro legisladores electos en dos regiones, requisito establecido por la Ley Orgánica de Partidos.

El caso más simbólico es el Partido Radical (PR), una colectividad histórica de 167 años que gobernó Chile en tres periodos del siglo XX y tuvo presencia clave en la Concertación. Pese a que mantiene cargos municipales y regionales, su desplome electoral deja a la organización en un proceso de disolución. El presidente del partido, Leonardo Cubillos, intentó renunciar, pero la militancia lo retuvo. En un comunicado interno, la colectividad admitió una crisis institucional arrastrada por décadas, con problemas orgánicos, políticos y financieros. El PR apenas obtuvo dos diputadas: Marcela Hernando y Consuelo Veloso.

A la lista de partidos que perderían su personalidad jurídica se suman Evópoli, Demócratas Chile, Amarillos, Humanista, Social Cristiano, Trabajadores Revolucionarios, Popular, Igualdad, Alianza Verde Popular, Ecologista Verde, Acción Humanista y Federación Regionalista Verde Social (FRVS). En varios casos, la baja votación refleja fracturas internas, dificultades para articular una identidad política o estrategias fallidas en un escenario más competitivo y con voto obligatorio.

Sin embargo, Evópoli y el FRVS buscan resistir: argumentan que, al contar con parlamentarios en ejercicio —incluidos senadores con mandato vigente hasta 2030— cumplen con el estándar legal. El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) tendrá la última palabra.

Hace cuatro años, un proceso similar dejó fuera a una docena de partidos, aunque la confirmación formal de la disolución tardó tres meses. Todo indica que el calendario se repetirá: una vez que el Tricel emita su veredicto, cada colectividad tendrá 30 días para formalizar su desaparición.

Los escenarios futuros incluyen fusiones, reconstitución desde cero o tránsito hacia la independencia. Según Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca, los legisladores de partidos disueltos pasarán automáticamente al estatus de independientes. Marcela Ríos, directora regional de IDEA Internacional, agrega que la legislación chilena permite que colectividades disueltas vuelvan a inscribirse con relativa facilidad, pese a exigencias estrictas para sobrevivir.

El voto obligatorio, reimplantado en 2022, complica aún más la ecuación: con 13,4 millones de votantes en las últimas parlamentarias, los requisitos de inscripción aumentan proporcionalmente y dificultan la supervivencia de fuerzas pequeñas.

El impacto político
Para algunos analistas, el proceso podría reducir la fragmentación del sistema, uno de los factores que ha trabado acuerdos legislativos y alimentado la polarización. El Congreso discute justamente una reforma que establece un umbral del 5%, sanciona la renuncia a partidos y restringe las fusiones exprés.

Pero no todos ven un efecto duradero. El politólogo Alfredo Joignant advierte que la fragmentación también se alimenta de las divisiones internas en cada colectividad, fenómeno que no desaparece con la disolución formal. Cada diputado, señala, “es un partido en sí mismo”.

En la derecha, el golpe puede ser más profundo. La caída de partidos moderados como Evópoli, Amarillos y Demócratas podría empujar el eje político hacia la ultraderecha, fortaleciendo al Partido Republicano y su candidato presidencial José Antonio Kast. Si Kast gana la segunda vuelta del 14 de diciembre frente a Jeannette Jara, la ausencia de fuerzas de derecha liberal reduciría su margen para formar un gobierno con mayor diversidad interna.

Para Marcela Ríos, la conclusión es clara: “Hoy parece no haber espacio para una derecha liberal moderada en Chile, al menos en el corto plazo”.

Fuente: El País