Tribunal Supremo de España inhabilita al fiscal general por revelar secretos
El Tribunal Supremo ha impuesto dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos, además de una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El fallo, adoptado por cinco de los siete magistrados, no fue unánime. Las juezas Ana Ferrer y Susana Polo ya anticiparon votos particulares. Polo, ponente inicial y partidaria de la absolución, cedió la redacción definitiva al presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta.
El tribunal adelantó este jueves la decisión sin tener la sentencia lista, un movimiento fuera de lo habitual en el alto tribunal. El proceso, el primero abierto contra un fiscal general en ejercicio, también se ha caracterizado por su inusual rapidez: el juicio quedó visto para sentencia hace apenas una semana.
La condena gira en torno a la filtración de un correo enviado a la Fiscalía por el abogado de González Amador, en el que admitía dos delitos fiscales y proponía un acuerdo. Ese mensaje terminó trascendiendo el 13 de marzo de 2024, después de que el entorno de Ayuso difundiera una versión falsa sobre las negociaciones con el Ministerio Público. Para el tribunal, tanto la difusión del correo como la nota aclaratoria que la Fiscalía de Madrid emitió al día siguiente forman parte del mismo marco de revelación de información reservada.
Aunque García Ortiz asumió en todo momento la autoría de la nota de prensa, el Supremo consideró que ese comunicado no constituía delito por sí solo. Sin embargo, los magistrados detectaron indicios de revelación en la filtración del correo, que hasta entonces no estaba bajo investigación, y abrieron causa contra él.
El fallo establece que García Ortiz queda condenado por el artículo 417.1 del Código Penal, que sanciona la revelación de secretos por parte de una autoridad pública. La sala impone la inhabilitación especial por dos años —en la parte media del rango previsto— y la multa mínima contemplada. El resto de delitos atribuidos por acusaciones populares, como prevaricación, quedaron descartados.
La sentencia definitiva incorporará los votos particulares de Ferrer y Polo, las únicas magistradas de perfil progresista del tribunal. La mayoría que apoyó la condena la integran Martínez Arrieta; el expresidente de la Sala Penal, Manuel Marchena; y los magistrados Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamena.
García Ortiz, que negó siempre haber filtrado el correo, defendió su inocencia en el juicio, donde insistió en que ni él ni su entorno habían divulgado la información. La inhabilitación lo obligará a abandonar el cargo una vez que la sentencia sea notificada. Contra el fallo solo cabe un incidente de nulidad ante el propio Supremo, con escasas opciones de prosperar, y posteriormente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
A lo largo del proceso declararon 40 testigos, entre ellos altos cargos, responsables políticos y 12 periodistas. Tres de estos comunicadores afirmaron haber tenido acceso al correo, negaron que procediera del fiscal general y se acogieron al secreto profesional para no revelar fuentes. Todos coincidieron en que la información sobre la intención de González Amador de pactar con la Fiscalía era conocida antes de que el fiscal general recibiera el correo bajo investigación.
Fuente: El País
.jpg)
