Maduro moviliza a la milicia civil ante el aumento de tensiones con Estados Unidos
El Gobierno venezolano intensificó en los últimos días ejercicios de adiestramiento dirigidos a civiles y simpatizantes del oficialismo, con el argumento de preparar a la población para una eventual agresión externa. Las maniobras, difundidas por medios oficiales y observadas en distritos populares como Petare, Coche, La Guaira y Guarenas, combinan instrucción básica de tiro, formación en orden cerrado, desmontaje de armas y actividades físicas y teóricas.
Las imágenes difundidas muestran a hombres y mujeres —varias veces sin experiencia militar— moviéndose con fusiles, practicando aproximaciones por el terreno, cruce de ríos con sogas y observación con binoculares. El Gobierno sostiene que se trata de una medida preventiva ante lo que considera señales de hostilidad por parte de Estados Unidos, país que ha reforzado su presencia naval en el Caribe y al que Caracas califica de amenazante.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha desplegado también unidades con armamento pesado en corredores viales de Caracas. Voceros del Ejecutivo, entre ellos el ministro de Defensa, han planteado públicamente que, en caso de un ataque, la población organizada colaboraría “centímetro a centímetro” en la defensa del territorio. Estas declaraciones buscan consolidar un mensaje de disuasión y movilizar a la base partidaria.
El chavismo entrena a civiles ante un eventual ataque extranjero
Fuentes oficiales y milicianos consultados por este medio describen la convocatoria como un “deber patriótico” y señalan que la formación se impulsa, en buena medida, a través de estructuras partidarias y sociales ligadas al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV): UBCH, consejos comunales, colectivos, beneficiarios de programas sociales y organizaciones culturales afines. A estos grupos se les ha pedido disponibilidad para alistarse como voluntarios en caso de emergencia.
Sin embargo, la magnitud real del reclutamiento y la eficiencia de ese “recurso humano” son difíciles de verificar. Analistas y observadores locales apuntan a una movilización selectiva: si bien hay adhesiones organizadas, la respuesta popular en sectores populares aparece distante y condicionada por la precariedad económica. Activistas de barrio consultados indican que la asistencia a los llamados es desigual: de cada cien convocados, registran adherencias mucho menores, y parte de quienes participan lo hacen por vínculos clientelares o por necesidad.
Desde la oposición y organismos internacionales se observa con cautela el uso del discurso de seguridad nacional, que en Venezuela ha sido empleado con anterioridad para expandir el control político y restringir espacios cívicos. La reciente declaración de un estado de conmoción exterior, vigente desde la presidencia, permite a las autoridades aplicar medidas extraordinarias; críticos advierten que esa figura puede habilitar mayores controles sobre la prensa, límites a las libertades públicas y una aceleración de la militarización de la vida cotidiana.
Entre los voluntarios y miembros de la milicia hay voces que expresan convicción y otras que muestran reticencia. “Aquí hay dignidad, no aceptamos la injerencia” declaró un dirigente de movimientos sociales en Caracas; por contraste, residentes de varias barriadas admiten que nadie está dispuesto a arriesgar la vida en condiciones de crisis económica y social generalizada. Un vecino consultado señaló: “Muchos participan por lo que les dan o por la organización del barrio, pero nadie quiere morir por algo que no entiende”.
El Ejecutivo venezolano cita ejemplos históricos de resistencia —Vietnam, Afganistán— para sostener su narrativa de capacidad de resistencia frente a una potencia militar superior. En el plano militar, a pesar de la retórica, el desequilibrio en capacidad de fuego entre Venezuela y Estados Unidos sigue siendo evidente para la comunidad internacional.
En resumen, lo que ahora se observa en Venezuela es una doble estrategia: por un lado, una campaña de disuasión y cohesión interna impulsada por el aparato cívico-militar; por otro, una respuesta social fragmentada en la que la movilización masiva no aparece consolidada fuera de los mecanismos organizativos del chavismo. La situación mantiene un alto componente político y simbólico, con implicaciones directas sobre las libertades públicas y la estabilidad institucional del país.
Fuente: El País
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