Nicaragua
Wendy Carolina Morales Urbina, actualmente titular de la recién creada Procuraduría General de Justicia (PGJ), se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Su nombramiento, el 29 de agosto de 2025, marca el clímax de un ascenso meteórico que comenzó en 2019, cuando reemplazó a Hernán Estrada al frente de la Procuraduría General de la República (PGR).
Desde su llegada a la PGR, Morales ha acumulado amplias facultades: supervisa el Registro Público de la Propiedad, las procuradurías municipales, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio Público y el Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo, entre otras instancias. Analistas consultados señalan que estas competencias colocan a la PGJ al nivel —o incluso por encima— del Ministerio del Interior, tradicionalmente uno de los principales brazos de represión y espionaje del régimen.
En marzo de 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a Morales por su papel en la represión de opositores y la confiscación de propiedades a quienes se encuentran exiliados. Pese a ello, el régimen la ascendió a un cargo con rango de ministra dentro de la nueva PGJ, creada mediante una reforma constitucional que aún no ha entrado en vigor, y que deberá ratificarse el próximo año.
Nacida en Managua en 1980, Morales inició su carrera en la Procuraduría General de la República en 2003 como pasante y fue nombrada subprocuradora en 2014. Es licenciada en Derecho por la Universidad Católica (UNICA) y cuenta con un posgrado en Derecho Procesal y Técnica Jurídica para la Defensa del Estado, auspiciado por el Ejército. Su nombramiento como titular de la PGR en 2019 se realizó pese a que no cumplía con los requisitos de experiencia establecidos en la ley y la Constitución previas.
Durante su gestión, la PGR absorbió competencias de otros órganos autónomos y se transformó en un “superministerio”. En 2023, la Ley 1167 trasladó el Sistema Nacional de Registros a la PGR, mientras que la Ley 1174 subordinó la Procuraduría de Derechos Humanos al control de Morales. En 2024, la dictadura creó la Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos y trasladó el Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo a la PGR, incrementando aún más sus funciones.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU identifica a Morales como responsable directa de las confiscaciones de propiedades a opositores desterrados. Además, coordina programas de vigilancia mediante visitas casa a casa bajo la apariencia de difusión de “cartillas” ciudadanas.
Su lealtad al régimen le ha permitido representar a Nicaragua ante Rusia y China, participando en acuerdos para enfrentar sanciones internacionales y en iniciativas como la Organización Internacional para la Mediación, promovida por China para proteger a aliados como Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Según expertos, el ascenso de Morales refleja la consolidación de una figura clave en la transición de poder dentro del régimen Ortega-Murillo, con un control sin precedentes sobre instancias de justicia, propiedad y supervisión ciudadana.
Fuente: La Prensa
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