Estados Unidos
Un juez federal en San Francisco determinó que el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional y marines en Los Ángeles, ordenado por el expresidente Donald Trump en respuesta a las redadas de inmigración realizadas a inicios de junio, violó la Ley Posse Comitatus y la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La decisión, emitida por el juez de distrito Charles Breyer, señaló que la administración Trump excedió su autoridad al federalizar a la Guardia Nacional de California sin el consentimiento del estado, lo que representó una intromisión en competencias locales.
Breyer advirtió que el entonces presidente, junto con el secretario de Defensa Pete Hegseth, expresó la intención de replicar esta medida en otras ciudades como Oakland, San Francisco y Chicago, lo que —a juicio del magistrado— configuraría un riesgo de convertir a la Guardia Nacional en una fuerza policial bajo control directo de la Casa Blanca.
El fallo responde a la demanda presentada por el estado de California, que acusó a la administración federal de desplegar tropas en Los Ángeles sin justificación legal. El gobernador Gavin Newsom solicitó además que se impida de manera definitiva el uso de fuerzas militares con fines de aplicación de la ley civil en el estado.
Durante el punto más alto del operativo, se registró la presencia de cerca de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 infantes de marina, asignados principalmente a la custodia de edificios federales, entre ellos el centro de detención del centro de Los Ángeles y el edificio federal de Westwood.
La administración Trump defendió su decisión argumentando que los disturbios derivados de las protestas por las operaciones migratorias habían desbordado la capacidad de las autoridades locales para proteger a agentes federales y propiedades bajo jurisdicción federal.
El caso, sin embargo, escaló a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que otorgó a Trump una suspensión temporal del fallo de Breyer. El tribunal concluyó que el presidente tenía facultades legales para federalizar a la Guardia Nacional en circunstancias donde las fuerzas locales resultan insuficientes para hacer cumplir las leyes federales.
La controversia se enmarca en la política migratoria de mano dura impulsada por Trump en su segundo mandato, que incluyó redadas masivas y detenciones. De acuerdo con datos de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, hasta el 1 de agosto habían sido arrestados cerca de 56,600 migrantes en todo el país, de los cuales un 29% tenía condenas penales, mientras que casi la mitad fue clasificada como “infractores de inmigración”.
El fallo de Breyer representa un revés para la estrategia de seguridad de la Casa Blanca, aunque la última palabra quedará en manos de instancias superiores que aún deben pronunciarse sobre el alcance de las facultades presidenciales en el uso de la Guardia Nacional.
Fuente: Telemundo
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