Arévalo frente al dilema del decreto 7-2025: entre transparencia y gobernabilidad
Guatemala
El presidente Bernardo Arévalo enfrenta un momento clave en su gestión: decidir sobre el decreto 7-2025, que autoriza a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) a invertir sin mayores controles y mantener los fondos no ejecutados al cierre del ejercicio fiscal. Analistas coinciden en que cualquier decisión tendrá un impacto directo en su capital político y en la gobernabilidad del país.
El Congreso aprobó la normativa la semana pasada, mediante una moción respaldada por 108 diputados. Fuentes legislativas señalan que la iniciativa fue impulsada por Luis Aguirre, del bloque Cabal, y Allan Rodríguez, de Vamos. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha recibido el decreto formal para su sanción o eventual veto.
En rueda de prensa, Arévalo subrayó la importancia de la transparencia: “Lo que no podemos es permitir que haya mecanismos que, en aras de generar más obras, sacrifiquen transparencia”, y recalcó que su postura anticorrupción permanece firme tras casi 20 meses de gestión.
Reacciones y objeciones
Organizaciones civiles, cámaras empresariales y centros de pensamiento han pedido públicamente un veto, argumentando que la ley debilita los controles y aumenta riesgos de corrupción.
Nueve diputados presentaron objeciones formales al decreto, todos ligados al extinto Movimiento Semilla: Olga Villalta, Luis Ventura, Alma Luz Guerrero, Brenda Mejía, Ivanna Luján, Manfredo Duvalier Castañón, Victoria Palala, Raúl Barrera y José Carlos Sanabria. Estas objeciones serán revisadas en la sesión plenaria del martes 9 de septiembre.
Sociedad civil pide al presidente Arévalo vetar ley que debilita controles de transparencia en Consejos de Desarrollo.
Vía: @ArlettG_ pic.twitter.com/OWFEBlz4e2
Entre la espada y la pared
Especialistas advierten que vetar la ley podría tensionar la relación con el Congreso, esencial para la aprobación del presupuesto 2026 y para mantener influencia en las elecciones de segundo grado previstas para el próximo año, que incluyen la renovación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y del titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Por otro lado, sancionar la ley podría generar críticas de sectores sociales y empresariales, que consideran que favorece la corrupción, un eje central del discurso de Arévalo.
“El presidente debe pensar en el legado de su gestión. Esta decisión puede costarle apoyo de bancadas, pero el respaldo político a menudo se condiciona al manejo de recursos”, señaló Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep).
Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), advirtió que ignorar alertas previas sobre la ejecución presupuestaria podría comprometer la gestión: “Si busca mejorar la inversión, este no es el camino; la ley vulnera los presupuestos y expone riesgos”.
Por su parte, la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) defendió la normativa, señalando que no genera opacidad y que agiliza la inversión, calificando de “chantaje” las objeciones planteadas desde sectores oficialistas.
El presidente Arévalo deberá decidir en los próximos días si sanciona o veta la ley, una decisión que podría definir el equilibrio entre transparencia, gobernabilidad y su legado político.
Fuente: Prensa Libre
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