El pasado lunes 11 de agosto comenzó a regir la Ley Anticorrupción, aprobada por la Asamblea Legislativa el 7 de febrero de 2025, tras cumplirse el plazo de 180 días desde su publicación oficial. La normativa establece nuevas obligaciones para funcionarios y empleados públicos, así como la creación de estructuras institucionales para combatir la corrupción, aunque expertos advierten sobre riesgos en su efectividad debido a posibles sesgos y falta de independencia.
La ley exige que todos los servidores públicos, sus cónyuges, convivientes e hijos presenten anualmente una Declaración Jurada de Activos y Pasivos junto con la declaración de renta. Esta información, con ciertos datos sensibles protegidos, será accesible públicamente a través de un portal del Ministerio de Hacienda mientras los funcionarios se mantengan en sus cargos.
Entre las innovaciones, la normativa crea el Sistema Integrado Nacional Anticorrupción (SINAC), coordinado por la Fiscalía General de la República y compuesto por 12 instituciones, además del Centro Nacional Anticorrupción (CNA), que tendrá facultades para requerir información y realizar investigaciones en tiempo real sobre presuntos actos corruptos.
La ley también amplía las competencias de la Corte de Cuentas para reportar a la Fiscalía posibles ilícitos, introduce el delito de testaferrato y contempla medidas para proteger a denunciantes y testigos.
No obstante, voces críticas como la abogada penalista Roxana Cardona señalan que la creación de nuevas entidades podría resultar redundante, dado que ya existen órganos con funciones similares, y alertan sobre una aplicación desigual de la ley: mientras empleados de menor rango podrían ser sometidos a la publicación exhaustiva de sus estados financieros, altos funcionarios podrían ampararse bajo el principio de seguridad.
Cardona advierte además que la obligación de reportar los activos de familiares directos puede ser usada para ejercer presión política sobre empleados y sindicatos, y critica la suspensión inmediata de empleados que incumplan la normativa sin respetar el debido proceso, lo cual vulneraría derechos laborales fundamentales.
Por su parte, el abogado Otto Flores pone en duda la independencia real del SINAC y el CNA frente a la concentración de poder en la Presidencia de la República, señalando que la ley corre el riesgo de ser ineficaz en la persecución de casos de corrupción en altos niveles. Flores remarca que la efectividad dependerá más de investigaciones periodísticas que de los mecanismos oficiales.
La puesta en marcha de esta ley ocurre en un contexto de cuestionamientos al Ejecutivo por falta de transparencia en la gestión pública y modificaciones legales que han limitado el acceso a información pública.
Fuente: La Prensa Gráfica
.jpg)