La contienda política hondureña muestra un aumento de expresiones agresivas. En episodios recientes, tanto militantes del partido Libertad y Refundación (Libre) como Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) y alcalde de San Pedro Sula, han recurrido a la exhibición de ataúdes como alegoría de la “muerte” de sus adversarios políticos.
Militantes de Libre utilizaron la teatralización de ataúdes en referencia a Contreras, mientras que el dirigente liberal replicó mostrando ataúdes con imágenes de figuras de Libre y del Partido Nacional, incluyendo a la candidata Rixi Moncada. Este tipo de acciones ha sido señalado como un factor que profundiza la polarización y erosiona el debate democrático.
El analista político Héctor Soto señaló que “los liderazgos políticos tienen la responsabilidad de escalar o desescalar la violencia, y lo que vemos es un aumento de la confrontación en un escenario ya polarizado”. Soto agregó que la teatralización de la muerte de un adversario transmite un mensaje peligroso tanto a la sociedad como al interior del partido que lidera Contreras.
Por su parte, el sacerdote jesuita Ismael Moreno, conocido como Padre Melo, criticó en su cuenta de X el uso de símbolos de muerte en la contienda electoral y llamó a la ciudadanía a “no normalizar tales expresiones, salvando la salida pacífica electoral”.
El exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar, recordó que la ley prohíbe a los partidos políticos denigrar, descalificar u ofender a otros candidatos o partidos, y que quienes infrinjan estas disposiciones pueden enfrentar multas de cinco a veinte salarios mínimos, e incluso responsabilidades penales. Señaló que la fiscalía y el Poder Judicial son los encargados de investigar y sancionar este tipo de conductas.
Soto resaltó que, más allá de la sanción legal, el impacto de la acción de Contreras se refleja principalmente en la percepción pública a través de redes sociales y medios de comunicación, lo que afecta su imagen ante los votantes.
Según el Observatorio de la Democracia de la Red de Defensa de la Democracia, desde las elecciones primarias se han presentado 70 recursos de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral; de los 41 admitidos, solo cuatro han sido resueltos, evidenciando una efectividad jurisdiccional de apenas 9.7%.
La combinación de acciones simbólicas de violencia y la limitada capacidad institucional para sancionarlas plantea un desafío adicional a la transparencia y civilidad del proceso electoral hondureño, subrayando la importancia de la responsabilidad ética y el juicio ciudadano en la política.
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