Colombia
Colombia enfrenta un repunte de violencia con dos ataques simultáneos que evidencian la expansión de los conflictos armados más allá de sus zonas tradicionales. En Antioquia, un helicóptero policial fue derribado en una zona rural, mientras que en Cali se registró un atentado que dejó al menos dos civiles muertos, presuntamente perpetrado por disidencias de las FARC.
El presidente Gustavo Petro calificó el ataque en Cali como una “reacción terrorista” de las facciones lideradas por alias Iván Mordisco, vinculándolo a la ofensiva militar que ordenó contra estas agrupaciones en octubre de 2024. Minutos después, la ministra de Defensa encargada, Ana Catalina Cano, indicó que las disidencias de Iván Mordisco, el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia serán consideradas organizaciones terroristas, sujetas a persecución internacional por delitos contra la humanidad.
Históricamente, el terrorismo urbano en Colombia había disminuido tras el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC, aunque algunos grupos del ELN y disidencias han mantenido actividades violentas en zonas específicas. No obstante, el reciente atentado en Cali y el derribo del helicóptero policial en Amalfi, Antioquia, reflejan un desplazamiento de estas acciones hacia centros urbanos y rutas estratégicas para el narcotráfico y otros ilícitos.
El helicóptero derribado transportaba policías que realizaban un operativo de erradicación de cultivos ilícitos. Según informes, un dron impactó el rotor de cola de la aeronave, provocando su caída. La flota aérea del país ha enfrentado limitaciones debido a problemas de mantenimiento y sanciones internacionales que han afectado la operatividad de varios helicópteros, reduciendo la capacidad de respuesta del Estado.
Cali, próxima al cañón del río Micay y rutas de narcotráfico, ha sido escenario recurrente de ataques por la presencia de disidencias como el frente Carlos Patiño y la columna Dagoberto Ramos. La violencia ha escalado a pesar de los esfuerzos gubernamentales por negociar y desmantelar estos grupos, lo que pone de relieve la complejidad de la seguridad en zonas donde convergen rutas ilegales, cultivos ilícitos y presencia urbana.
Expertos en seguridad alertan sobre el debilitamiento progresivo del poderío militar en el país y la capacidad de los grupos ilegales para operar con relativa libertad, evidenciando un contexto de violencia que desafía la respuesta estatal y plantea retos significativos para la estabilidad de Colombia.
Fuente: El País
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