Bajo una lluvia constante, personas con discapacidad y sus familiares se reunieron este martes por la noche en la Plaza de Mayo para realizar una vigilia con velas y carpas, en reclamo de la defensa de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La manifestación se produce mientras los diputados se preparan para debatir este miércoles la validez del decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei, que vetó la norma.
El veto presidencial dejaría sin cobertura a millones de personas con discapacidad, aunque la justicia lo declaró inválido, argumentando que “el derecho de los niños con discapacidad prevalece sobre cuestiones presupuestarias”.
Familiares de niños con trastornos generalizados presentaron un amparo ante un juzgado de Campana, señalando que la medida del gobierno los dejaría sin tratamientos médicos esenciales, bajo la justificación oficial de que “no hay fondos disponibles”. El tribunal determinó que la ley busca reparar un derecho vulnerado y que el veto genera un deterioro progresivo en servicios y prestaciones de salud para personas en situación de vulnerabilidad, que requieren protección estatal conforme a obligaciones constitucionales e internacionales.
El juzgado calificó la respuesta gubernamental de “argumento falaz” y destacó que la ley habilita al Ejecutivo a realizar ajustes presupuestarios necesarios para garantizar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores del sistema.
Para este miércoles, distintas organizaciones planean marchar al Congreso junto a la Asociación de Trabajadores del Estado, jubilados y familias que acampan en la Plaza de Mayo. La movilización se produce en un contexto de presiones políticas del gobierno sobre diputados, especialmente de sectores afines de la Unión Cívica Radical, en un intento de mantener vetos, incluidos los de discapacidad y jubilaciones, en plena campaña electoral.
La oposición, además de buscar el rechazo a los vetos, reclama ayuda económica para Bahía Blanca, afectada por graves inundaciones, y exige avanzar sin obstáculos en la investigación sobre la estafa de la criptomoneda $Libra, que involucra al presidente, miembros de su gabinete y su círculo cercano, actualmente bloqueada por el Ejecutivo.
El juez Marcelo Bruno Dos Santos declaró caducado el proceso que exigía a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner el pago de 22.300 millones de pesos (aprox. 17.000 dólares) por la causa Vialidad, basada en pruebas consideradas falsas. El fallo se fundamenta en que Vialidad Nacional no impulsó el expediente iniciado en 2008 dentro del plazo legal de seis meses. El gobierno anunció que apelará la decisión.
Continúa la causa por las más de 96 muertes relacionadas con medicamentos de fentanilo adulterados distribuidos en diciembre de 2024 en hospitales de todo el país. Se señala que la Administración de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) no cumplió con la supervisión correspondiente, mientras que las políticas de desmantelamiento y desfinanciamiento de organismos estatales impulsadas por el gobierno de Milei complican la investigación y el control sanitario.
Fuente: La Jornada
.jpg)