La investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela enfrenta un nuevo giro luego de que el fiscal Karim Khan solicitara oficialmente apartarse del caso conocido como Venezuela I. La decisión responde a cuestionamientos sobre su imparcialidad, planteados por la Sala de Apelaciones de la CPI a principios de este mes.
Con la salida de Khan, la conducción de la investigación pasa al vicefiscal adjunto Mame Mandiaye Niang. Para las víctimas, este cambio genera incertidumbre sobre posibles demoras en el avance del proceso y en el acceso a justicia.
Desde que asumió el cargo en 2021, Khan inició la investigación mientras negociaba con el Gobierno venezolano la instalación de una oficina técnica para cooperar judicialmente bajo el principio de complementariedad, diseñado para que los países asuman responsabilidad en la defensa de las víctimas y el enjuiciamiento de los responsables. Su primera visita culminó el 3 de noviembre de 2021, tras un encuentro con Nicolás Maduro, y desde entonces realizó tres viajes más, incluso poco antes de las elecciones presidenciales de julio de 2025, abogando por el regreso de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, expulsada tras denunciar la desaparición forzada de la abogada y activista Rocío San Miguel.
La imparcialidad de Khan se vio cuestionada en septiembre pasado, tras una investigación del Washington Post que reveló vínculos familiares con Venkateswari Alagendra, abogada de Venezuela en un procedimiento de apelación relacionado con la investigación. La ONG estadounidense Fundación Arcadia solicitó entonces la recusación del fiscal por presunto conflicto de intereses.
La Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI alertó sobre las posibles dilaciones y el impacto en el contexto de agravamiento de los derechos humanos en Venezuela desde julio de 2024. La Sala de Apelaciones determinó que la recusación no procedía, pero instó a Khan a tomar medidas que garanticen la confianza en el proceso.
El panorama internacional también ha afectado al fiscal. En febrero de este año, el Gobierno estadounidense impuso sanciones contra funcionarios de la CPI por órdenes de captura relacionadas con la guerra en Gaza, y Khan se separó temporalmente de su cargo por investigaciones internas sobre denuncias de conducta sexual inapropiada y represalias laborales.
La investigación sobre Venezuela se originó en 2018 con un examen preliminar sobre posibles crímenes vinculados a la represión de las protestas de 2017. Posteriormente, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú solicitaron formalmente ampliar la investigación para incluir violaciones desde 2014, a las que se sumó Uruguay en 2024.
El caso Venezuela I sigue en curso bajo la conducción de Niang, mientras el mundo observa cómo se desarrollará la búsqueda de justicia en un contexto marcado por complejidad política y geopolítica.
Fuente: El País
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