Un momento crítico para la democracia latinoamericana:
América Latina vive un momento de alta tensión democrática. La prisión domiciliaria dictada a Cristina Fernández de Kirchner, tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad, ha encendido el debate sobre los límites de la justicia y la legitimidad de la movilización política. Como recoge el estudio de escucha social “Movilización por Cristina Fernández de Kirchner” (Sufragio, 2025), entre el 16 y 18 de junio las menciones sobre el caso alcanzaron a 49.9 millones de personas, con un 58% de comentarios negativos y solo un 15% positivos, reflejando un grado alarmante de polarización que fractura tanto a la Argentina como a toda la región.
Las calles del barrio Constitución en Buenos Aires, y especialmente la Plaza de Mayo, se convirtieron en escenario de una disputa simbólica donde miles de manifestantes —movidos por la narrativa de persecución política— alzaron su voz no solo por CFK, sino por lo que representa: un símbolo de conquistas sociales y ampliación derechos en un país atravesado por la desigualdad.
El peso de la memoria y la fuerza de la movilización:
El estudio de Sufragio (2025) es claro: las organizaciones de derechos humanos, sindicatos y movimientos feministas fueron actores clave en la convocatoria, vinculando la defensa de Cristina con luchas históricas contra la proscripción y el autoritarismo. Los hashtags más utilizados —#CristinaLibre, #PlazaDeMayo, #CausaVialidad— muestran la vigencia simbólica de la exmandataria. Sin embargo, este respaldo también revela una herida aún abierta: la desconfianza profunda en el Poder Judicial y la percepción -fundada o no- de su utilización con fines de revancha política.
De acuerdo con el Índice de Transparencia Internacional 2024, Argentina, México y Brasil figuran entre los países latinoamericanos con mayor percepción de impunidad y debilidad judicial, factores que alimentan el descrédito ciudadano y la polarización.
La necesidad de nuevos liderazgos:
Esta prisión domiciliaria sacudió el tablero político argentino y, aunque sostengo que Cristina Fernández fue y es un referente histórico del progresismo regional, considero que es hora de dar paso a nuevos cuadros que encarnen un liderazgo más horizontal, ético y dialogante. Como indica el análisis de escucha social, la narrativa en torno a CFK polariza al extremo, y eso erosiona los puentes democráticos necesarios para cualquier proyecto de transformación.
Latinobarómetro (2024) reporta que más del 50% de los latinoamericanos desconfía de la democracia como vía efectiva de cambio, una cifra preocupante que se asocia con el crecimiento de liderazgos autoritarios y la radicalización de los discursos.
En democracia la alternancia y renovación son sanas. Y la corrupción no puede relativizarse bajo ninguna bandera política, defender principios éticos no nos debilita, sino que nos fortalece ante la ciudadanía y refuerza la legitimidad de las causas progresistas.
Violencia política: un patrón regional preocupante:
El caso argentino es espejo de un fenómeno continental que está plagado de amenazas mediáticas, discursos de odio y hostigamientos en redes sociales. Según la OEA (2024), solo en México fueron asesinados más de 30 aspirantes a cargos de elección popular en el ciclo electoral 2023-2024, un patrón que se repite en Colombia y Brasil, donde la criminalidad organizada actúa como actor electoral de facto. En Ecuador, por ejemplo, las elecciones anticipadas de 2023 registraron una abstención superior al 35%, fenómeno que analistas vinculan al miedo y la desconfianza generada por atentados contra candidatos y líderes locales.
Como subraya el estudio de Sufragio (2025), la conversación digital en torno a CFK se vio saturada por insultos, noticias falsas y confrontaciones extremas, ingredientes que alimentan el caldo de cultivo de la violencia. Además, ONU Mujeres reporta que seis de cada diez lideresas políticas en América Latina han recibido amenazas o agresiones vinculadas a su labor, una forma de violencia de género que limita aún más la diversidad democrática.
No se trata solo de Cristina, se trata de una normalización de la violencia política que expulsa a la ciudadanía de los debates, desmoviliza votantes y socava la representación de mujeres y minorías.
¿Hacia un nuevo pacto democrático?
La responsabilidad es compartida. Las dirigencias progresistas deben repensarse y ofrecer respuestas que convoquen a las juventudes y a los excluidos del modelo, sin caer en personalismos que cierren el paso a nuevas voces. El legado de CFK merece respeto, pero también requiere ser superado para abrir paso a liderazgos más frescos, plurales y transparentes.
El estudio de escucha social advierte que las decisiones judiciales y las reacciones sociales que provocan pueden alterar alianzas políticas y estrategias electorales futuras (Sufragio, 2025). Por ello, es esencial que el Poder Judicial actúe con independencia y garantías, para que la justicia sea un puente de equidad y no un instrumento de revancha.
Reapropiar la calle, no la trinchera:
Volver a la plaza, a la calle, a la comunidad tiene sentido cuando se defienden derechos y se cuestionan abusos de poder. Pero convertirlas en trinchera permanente solo fragmenta más el tejido social. Desde el análisis de la protesta social, como un fenómeno en la región, creo firmemente que el futuro no se construye solo mirando al pasado con nostalgia, sino con la valentía de un nuevo contrato social, ético y comunitario. América Latina merece líderes con la fuerza de Cristina, pero con la frescura de quienes están por venir.
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