Una decisión del Tercer Circuito de Apelaciones de Estados Unidos representa un revés para las políticas migratorias restrictivas impulsadas en años recientes. El tribunal resolvió que el gobierno federal no puede revocar la residencia permanente legal (green card) sin seguir los procedimientos establecidos por el Congreso, marcando un precedente clave en la protección de derechos migratorios.
El fallo se dio en el caso del imán palestino Mohammad Qatanani, cuya residencia estuvo en disputa por más de una década, pese a fallos previos a su favor en 2008 y 2020. El Departamento de Justicia no apeló a tiempo la última resolución, pero la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) intentó revertirla fuera de los plazos legales, lo cual fue invalidado por el tribunal.
“La actuación de la BIA fue antitética a la separación de poderes”, sentenció la jueza Arianna Freeman, al subrayar que el Ejecutivo no puede actuar al margen de las facultades legislativas.
La resolución frena una tendencia creciente en la que autoridades migratorias —como ICE y CBP— han advertido que “poseer una green card es un privilegio, no un derecho”, dejando abierta la posibilidad de revocaciones discrecionales incluso para residentes con estatus legal vigente.
Para el abogado Bradford Bernstein, el fallo demuestra que “no se puede invalidar una green card por tecnicismos procesales años después de ser otorgada”. En tanto, la profesora Amelia Wilson, de la Universidad Pace, consideró que la sentencia “reafirma el Estado de derecho frente a conductas abusivas del Ejecutivo”.
Analistas coinciden en que este precedente podría beneficiar a miles de migrantes en situaciones similares, al establecer que ningún cambio de estatus puede darse sin respetar los procedimientos que marca la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Fuente: El Tiempo
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