Estados Unidos
Un grupo de senadores republicanos solicitó formalmente al Departamento de Justicia el nombramiento de un fiscal especial para investigar al expresidente Barack Obama, luego de que Donald Trump lo acusara públicamente de encabezar un supuesto intento de sabotaje durante las elecciones de 2016. La ofensiva republicana se produce en medio de una nueva oleada de tensiones políticas marcadas por la desclasificación de documentos que, según los conservadores, comprometerían a la administración Obama.
Durante una reciente intervención, el exmandatario Trump insistió en que Obama "lideró un golpe" en su contra al autorizar presuntamente una operación para magnificar la injerencia rusa en los comicios que lo llevaron a la presidencia. En paralelo, la directora nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, entregó al Departamento de Justicia dos paquetes de documentos desclasificados —incluidos correos electrónicos de colaboradores de Obama— que, según ella, contienen evidencia de que se fabricaron informes de inteligencia con el fin de perjudicar al entonces candidato republicano.
Los senadores Lindsey Graham (Carolina del Sur) y John Cornyn (Texas) encabezaron la petición del fiscal especial, respaldada por otros miembros de la bancada republicana. Pese a las múltiples investigaciones previas —incluyendo las del Congreso y la comunidad de inteligencia— que confirmaron la interferencia de Moscú pero no implicaron al expresidente Obama, los legisladores insisten en reabrir el caso bajo una nueva figura legal.
Desde el entorno de Obama respondieron con firmeza. “Nada en los documentos divulgados cambia el consenso mayoritario de que Rusia intentó influir en las elecciones de 2016, sin alterar el resultado de los votos”, declaró un portavoz, calificando los señalamientos de Trump como “una distracción oportunista” en medio de los señalamientos contra figuras cercanas al expresidente por el caso Epstein.
La controversia revive el debate en torno al llamado “Russiagate”, que inició en 2016 con sospechas de vínculos entre la campaña de Trump y el Kremlin. La publicación del polémico "Dosier Steele" —financiado por la campaña de Hillary Clinton y el Partido Demócrata— alimentó esa narrativa. Sin embargo, la posterior investigación del fiscal especial Robert Mueller no halló pruebas concluyentes de coordinación entre el equipo de Trump y funcionarios rusos, aunque sí dejó abierta la posibilidad de obstrucción a la justicia.
Tulsi Gabbard sostiene que los archivos recientemente desclasificados revelan que el presidente ruso, Vladímir Putin, optó por no divulgar material que habría dañado gravemente a Clinton antes de la elección. Entre los documentos se encuentran supuestos informes sobre reuniones secretas con organizaciones religiosas estadounidenses y correos internos del Partido Demócrata que, según Gabbard, evidencian el “desequilibrio emocional” de la entonces candidata.
El Departamento de Justicia aún no se ha pronunciado sobre la solicitud republicana, mientras el escenario político estadounidense continúa polarizado de cara al próximo ciclo electoral.
Fuente: El País
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