Brasil
El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó públicamente este jueves que enfrentará el juicio en su contra por su presunta implicación en un intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022. “No tengo alternativa”, declaró ante los medios, en un improvisado atril frente al Senado Federal. La Procuraduría General de la República lo acusa de cinco delitos graves, entre ellos tentativa de abolición del Estado democrático de derecho, con penas que podrían superar los 40 años de prisión.
A sus 70 años, Bolsonaro niega cualquier vínculo con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de sus simpatizantes invadieron y vandalizaron las sedes de los tres poderes en Brasilia. Asegura que el proceso judicial busca excluirlo del escenario político. “No hay nada que me conecte con esos actos. Quieren sacar de carrera al principal líder de la derecha conservadora de Sudamérica porque saben que, si participo, gano”, afirmó.
La Fiscalía sostiene que Bolsonaro impulsó durante meses una narrativa de fraude electoral y que lideró un plan estructurado para anular los comicios de octubre de 2022, que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva. Las autoridades afirman que ese plan incluyó un decreto para invalidar los resultados y convocar nuevas elecciones bajo tutela militar. Dicho borrador fue hallado en enero de 2023 en la residencia de Anderson Torres, entonces ex ministro de Justicia.
Ese texto proponía instaurar un “estado de defensa” en el Tribunal Superior Electoral, permitiendo su intervención y la reapertura del conteo de votos. Según la Fiscalía, el documento fue discutido en reuniones privadas entre Bolsonaro y altos mandos militares.
Uno de los testigos clave es el teniente coronel Mauro Cid, ex ayudante del mandatario, quien declaró que Bolsonaro revisó y modificó personalmente el decreto. Cid también aportó pruebas que vinculan al entorno presidencial con la logística y financiamiento de las protestas del 8 de enero, organizadas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.
El asalto dejó más de 1,400 detenidos y daños millonarios a edificios públicos, en escenas que recordaron al asalto al Capitolio estadounidense en 2021. Desde entonces, 643 personas han sido condenadas por delitos que van desde asociación criminal hasta tentativa de golpe de Estado.
Las investigaciones indican que las manifestaciones fueron financiadas y organizadas de manera deliberada, con transferencias bancarias, alquiler de autobuses y coordinación directa con operadores políticos cercanos al ex mandatario. Un informe del Ministerio Público publicado en noviembre de 2024 detalló el entramado detrás del plan golpista.
Bolsonaro ha negado reiteradamente haber ordenado cualquier acción ilegal. En su declaración del 10 de junio ante el Supremo Tribunal Federal (STF), sostuvo que el decreto no pasó de un “estudio jurídico” y que no fue implementado. Admitió, sin embargo, haber sostenido reuniones con militares tras su derrota electoral.
El pasado lunes, la Procuraduría presentó sus alegatos finales, solicitando que Bolsonaro sea condenado por los delitos de asociación criminal, incitación a la insurrección, tentativa de abolición del Estado de derecho, intento de golpe de Estado y uso indebido de mecanismos institucionales. Fuentes del STF anticipan una posible sentencia entre septiembre y octubre.
Pese a las especulaciones sobre una eventual solicitud de arresto domiciliario por motivos de salud, Bolsonaro descarta esa posibilidad. “No pienso en eso. Soy inocente. Me voy a quedar aquí, en Brasil. Tengo 70 años, varios problemas de salud, pero voy a resistir”, afirmó.
La causa también ha generado tensiones diplomáticas. A inicios de mes, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con aplicar aranceles del 50% a productos brasileños en respuesta a lo que calificó como una “persecución política” contra Bolsonaro. Lula da Silva respondió con firmeza, defendiendo la autonomía del Poder Judicial y advirtiendo sobre posibles medidas comerciales recíprocas.
El ex mandatario ya había sido inhabilitado por ocho años en 2023 por el Tribunal Superior Electoral, tras un fallo que lo responsabilizó de difundir desinformación y utilizar recursos públicos para desacreditar el sistema de votación electrónica. A pesar de ello, Bolsonaro ha mantenido su influencia en el escenario político y conserva una base de apoyo firme, especialmente en estados como San Pablo y Río de Janeiro.
No obstante, el avance del proceso en el STF y el cúmulo de pruebas en su contra podrían derivar en consecuencias más severas. De ser hallado culpable, Bolsonaro no solo podría perder sus derechos políticos de forma permanente, sino también enfrentar penas de prisión efectiva y sanciones patrimoniales.
Brasil sigue dividido. Una encuesta de Datafolha publicada en junio revela que el 51% de los ciudadanos cree que Bolsonaro debe ser condenado si se prueba su implicación, mientras que un 38% considera que se trata de una vendetta judicial. Un 60% apoya penas de cárcel para los responsables del ataque del 8 de enero.
Fuente: Infobae
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