Estados Unidos
La ciudad de Los Ángeles, encabezada por la alcaldesa Karen Bass, anunció una ofensiva legal en respuesta a los operativos migratorios llevados a cabo por el gobierno federal, los cuales han sido denunciados por presuntas violaciones constitucionales y abuso de autoridad. La medida busca frenar las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que, desde principios de junio, han generado alarma entre las comunidades inmigrantes del sur de California.
La fiscal de la ciudad, Hydee Feldstein Soto, presentó una moción formal para que Los Ángeles intervenga como parte demandante en la causa Vásquez Perdomo v. Noem, una querella promovida por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Public Counsel y otras organizaciones de derechos civiles. La demanda cuestiona la legalidad de los operativos realizados por agentes federales sin órdenes judiciales ni causa probable, y basados presuntamente en perfiles étnicos.
La acción legal busca representar a dos grupos vulnerables: personas detenidas sin justificación legal y migrantes sometidos a procesos de deportación sin acceso a representación legal. El caso podría sentar un precedente nacional en materia de protección de derechos constitucionales frente a medidas migratorias federales.
Además de Los Ángeles, la moción cuenta con el respaldo del condado homónimo y de las ciudades de Pasadena, Santa Mónica, Culver City, Pico Rivera, Montebello, Monterey Park y West Hollywood. Todas ellas coinciden en que las redadas iniciadas el 6 de junio se han ejecutado sin notificación a las autoridades locales ni coordinación intergubernamental, lo que consideran una violación a la soberanía municipal.
“La presencia de miles de agentes federales, algunos sin identificación visible y acompañados por elementos militares, ha derivado en detenciones arbitrarias y allanamientos inconstitucionales que infunden miedo entre la población”, afirmó Feldstein Soto en un comunicado. Según la fiscal, no existen antecedentes recientes en la región de una operación federal de esta magnitud y características.
Líderes locales han calificado los operativos como una “campaña de intimidación”, mientras que defensores de derechos humanos denuncian condiciones de detención degradantes y ausencia de garantías legales para los migrantes afectados. “El gobierno federal está secuestrando personas en la vía pública, sin respeto por el debido proceso”, declaró Álvaro M. Huerta, abogado del Immigrant Defenders Law Center.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó categóricamente las acusaciones. A través de su portavoz, Tricia McLaughlin, aseguró que las operaciones “son altamente selectivas y ejecutadas con apego a la ley”, y calificó de “repugnante y falsa” cualquier insinuación de que el perfil racial sea un factor determinante en los arrestos.
La alcaldesa Karen Bass reiteró su compromiso con la defensa de los derechos civiles y advirtió que su ciudad no será un escenario de prueba para medidas que, en su opinión, contravienen los principios fundamentales de la Constitución. “Vamos a convertir a Los Ángeles en un ejemplo nacional de resistencia legal y defensa de nuestros valores democráticos”, concluyó.
Fuente: La Nación
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