En las áridas alturas del altiplano boliviano, el río Grande de Lípez atraviesa silencioso una de las regiones más remotas del país. Este afluente, vital para más de 14 mil personas —mayoritariamente quechuas y aimaras—, está hoy en el centro de una disputa creciente. La amenaza no es solo climática: se llama litio.
El salar de Uyuni, en la provincia de Nor Lípez (Potosí), alberga la mayor reserva conocida del “oro blanco”, insumo clave para la fabricación de baterías de autos eléctricos. Su explotación, sin embargo, exige enormes volúmenes de agua, un recurso escaso en esta región andina.
“Nos dijeron que somos un obstáculo para el desarrollo”, denuncia Iván Calcina, dirigente de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl), organización que representa a 53 comunidades locales. Su reclamo apunta al Estado boliviano, al que acusan de ignorar el derecho a la consulta previa establecido en la Constitución. Tras perder una acción legal contra el Ministerio de Hidrocarburos por una cuestión de procedimiento, las comunidades anunciaron que llevarán el caso al Tribunal Constitucional y a instancias internacionales.
El Gobierno sostiene que la consulta no es necesaria en esta etapa, dado que los contratos con las compañías china CBC y rusa Uranium One aún no han sido ratificados y no se ha definido ni la tecnología ni la localización exacta de las plantas. “La consulta es infundada”, sostuvo Marcela Cortez, directora jurídica de la cartera.
No obstante, en el salar ya opera una planta piloto desde 2024. Y la preocupación en las comunidades crece. Reclaman una evaluación ambiental independiente y no a cargo de las empresas privadas, como prevé el acuerdo. También exigen una ley que regule el uso del agua en la industria del litio.
Según un estudio del Centro de Investigación y Documentación de Bolivia, las cuatro plantas proyectadas requerirían hasta 47,5 millones de metros cúbicos de agua al año, 15 veces más que la cantidad que aportan las lluvias en la zona. La falta de datos oficiales y la creciente presión sobre las fuentes hídricas subterráneas refuerzan el temor de los comunarios.
Luis Calcina, representante de la comunidad de Río Grande, muestra pozos perforados en la cuenca de San Gerónimo y afirma que el agua ya presenta signos de contaminación. “Nos prometieron agua de calidad, pero encontramos más cloro y bórax”, denuncia. El 60% del consumo hídrico en Nor Lípez proviene de pozos, algunos de hasta 20 metros de profundidad.
A esta demanda se suma la presión de la mina San Cristóbal, una de las mayores productoras de zinc del mundo. Aunque tolerada por sus aportes en infraestructura y regalías, su presencia también ha afectado los recursos hídricos.
“Desde hace cinco años, vemos cómo disminuye el caudal. El agua de los cerros ya no alcanza”, advierte Tomás Colque, autoridad indígena local. La población recuerda que el Estado prometió prosperidad cuando nacionalizó la industria del litio hace casi dos décadas. Pero los beneficios aún no llegan.
“Trajeron baterías para mostrarnos lo que podrían fabricar, pero ahora trabajan sin tomarnos en cuenta”, critica Iván Calcina. Según denuncian, las comunidades no fueron consultadas para la instalación de infraestructura clave, como una estación de diésel o el cierre de zonas turísticas tradicionales.
El malestar se agudiza considerando que Nor Lípez es una de las provincias que más regalías aporta al Estado por actividad minera. “Tenemos 300 tráileres que podrían servir para transportar el litio, pero nos excluyen del proceso”, lamenta Luis Calcina.
Bolivia, Argentina y Chile forman el denominado “triángulo del litio”, que concentra más de la mitad de las reservas globales. Mientras Argentina y Chile avanzan en su explotación, en ambos países crecen también las quejas de los pueblos originarios. Comunidades de Salinas Grandes y el Salar del Hombre Muerto llegaron hasta Bruselas para denunciar la minería sin “permiso social”. En Chile, el pueblo lickanantay reclama que no ha sido incorporado en los planes de explotación del salar de Atacama, pese a las promesas gubernamentales.
En Bolivia, el conflicto recién comienza. Las comunidades de Nor Lípez no rechazan la industrialización, pero exigen que se respete su derecho al agua y a ser escuchadas antes de transformar su territorio en el corazón de la transición energética global.
Fuente: El País
.jpg)