Colombia
La llegada de 86 efectivos de la Policía Militar a seis comunas del área metropolitana de Bucaramanga, como parte de un convenio entre la Alcaldía y la Quinta Brigada del Ejército, ha desatado un fuerte debate político y ciudadano. Mientras el alcalde Jaime Beltrán defiende la medida como una respuesta contundente ante el repunte de la criminalidad, expertos cuestionan su efectividad real y el enfoque preventivo de la estrategia.
Los uniformados, entre ellos un oficial y seis suboficiales, fueron desplegados en zonas consideradas de alta conflictividad por delitos como hurtos, homicidios y microtráfico. Las labores incluyen operativos de control, allanamientos y acciones contra redes delictivas, especialmente en sectores vulnerables.
La iniciativa se enmarca en un discurso confrontativo del alcalde hacia la política de "Paz Total" impulsada por el gobierno nacional. Beltrán ha criticado abiertamente lo que considera una estrategia de indulgencia hacia grupos criminales. “Estamos capturando delincuentes en las calles, mientras desde el Gobierno se anuncian reducciones de penas de hasta el 70 %. Es un mensaje perverso para el país”, sentenció recientemente.
Durante un acto oficial previo al 20 de julio, Beltrán subió el tono y lanzó una frase cargada de contenido político: “Pronto cesará la horrible noche”, en clara alusión a la gestión del presidente Gustavo Petro. La respuesta del mandatario no se hizo esperar. A través de su cuenta de X, anunció una movilización en Bucaramanga para respaldar sus reformas sociales, defender los derechos laborales y exigir una reforma agraria estructural.
Petro también enumeró proyectos realizados en la región, como la sede universitaria de la UIS, el tren del Magdalena Medio y los programas de protección ambiental en el páramo de Santurbán. Además, lanzó una dura crítica al gobierno local: “No más tiranía, no más gobernanza paramilitar. Los comuneros enseñaron la ruta: Democracia y Libertad”.
Para Julio Acelas, coordinador del Observatorio Ciudadano en Santander, la militarización parcial puede reforzar el despliegue operativo, pero no ataca de fondo las causas de la inseguridad. “Hay una preocupante ausencia de políticas preventivas. La estrategia actual se concentra en la represión, pero no en la reconstrucción del tejido social ni en programas de inclusión que reduzcan los factores de riesgo”, advirtió.
El analista también señaló que la desconfianza ciudadana frente a las instituciones podría estar provocando un subregistro de delitos, afectando la lectura real del problema. Además, recordó que la gestión del alcalde está marcada por incertidumbre jurídica, debido a un proceso en el Consejo de Estado que podría anular su elección.
Los datos oficiales de 2024 muestran una reducción del 15 % en casos de violencia interpersonal y una caída del 29 % en hurtos a personas, pero también un incremento del 13 % en homicidios, la cifra más alta desde 2019. Durante los primeros cinco meses de 2025, las estadísticas indican una leve mejora: violencia interpersonal bajó un 2 %, homicidios un 6 % y hurtos un 27 %.
Sin embargo, Bucaramanga sigue liderando las tasas delictivas en el área metropolitana. Las riñas, concentradas los fines de semana y en horarios nocturnos, son el principal detonante de violencia interpersonal y asesinatos. Las comunas Cabecera del Llano, Oriental, San Francisco, Centro y La Concordia acumulan el 71 % de los hurtos registrados, un patrón que se ha mantenido por más de cinco años.
Mientras el alcalde refuerza su narrativa de mano dura y el presidente contraataca con llamados a la movilización ciudadana, Bucaramanga permanece en el centro de una disputa política que, por ahora, no resuelve de fondo el problema estructural de la inseguridad.
Fuente: Cambio Colombia
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