Nicaragua
En un acto oficial que sirvió más como plataforma para reforzar su narrativa autoritaria que para conmemorar una ceremonia militar, el presidente nicaragüense Daniel Ortega aseguró que Nicaragua mantiene las “puertas abiertas” para recibir a los migrantes nicaragüenses deportados desde Estados Unidos. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con los reiterados reportes de bloqueos y restricciones impuestas por la Dirección General de Migración y Extranjería.
“Les decimos que no se les ocurra regresar a Estados Unidos de nuevo. Porque eso es un terror lo que hay”, afirmó Ortega durante la ceremonia realizada el 2 de junio de 2025, en la que se oficializó el ascenso de los mayores generales Bayardo Rodríguez y Marvin Corrales al nuevo rango de coronel general, creado por la reforma constitucional de 2024.
El evento, que en teoría celebraba la promoción de altos mandos del Ejército, fue utilizado por Ortega para destacar el supuesto fortalecimiento de las instituciones castrenses. Rodríguez, actual jefe del Estado Mayor, y Corrales, Inspector General, forman parte de la Comandancia General junto al general Julio César Avilés. Esta jerarquía replica el modelo soviético adoptado en los años 80, con una estructura que refuerza el dominio de la pareja Ortega-Murillo sobre las fuerzas armadas.
El ascenso de 17 oficiales adicionales al grado de coronel consolida aún más el control del régimen sobre el aparato militar, que ha sido uno de sus principales pilares de sostén en medio del creciente aislamiento internacional.
Ortega aprovechó su alocución para enviar un mensaje a los nicaragüenses deportados:
“Quiero expresar nuestra solidaridad con todos esos hermanos perseguidos (...). Tienen siempre las puertas abiertas de Nicaragua”, afirmó.
Sin embargo, en la práctica, numerosas denuncias documentan casos de ciudadanos bloqueados en puntos migratorios, interrogados sin justificación o incluso impedidos de ingresar al país, lo que evidencia una política migratoria discrecional, marcada por el sesgo político y la represión.
Durante el mismo discurso, Ortega propuso establecer nuevos límites de velocidad en las carreteras del país, sin especificar razones técnicas ni criterios claros:
“Tenemos que hacer un plan donde no se pueda correr por la carretera. Poner un límite que no pueda ser de 90 kilómetros ni de 100 kilómetros”, ordenó, sin detalles adicionales.
La medida fue interpretada por diversos analistas como parte de una serie de decisiones unilaterales que carecen de transparencia técnica y buscan aumentar el control sobre la movilidad ciudadana.
Fiel a su alineamiento con el Kremlin, Ortega reiteró su apoyo a Vladimir Putin y lanzó nuevos ataques contra Occidente. Acusó a Estados Unidos y sus aliados de “rearmar a los nazis de Ucrania” y comparó las redadas migratorias en EE. UU. con las persecuciones nazis durante el Holocausto:
“Eso que hacen allá es como las persecuciones que hacían los nazis buscando cómo cazar a los israelitas”, declaró.
En un tono desafiante, Ortega advirtió que cualquier embajador extranjero que critique a su gobierno será expulsado del país:
“El que se trate de entrometer ¡fuera! El embajador que quiera darnos lecciones aquí ¡fuera!”, sentenció, reiterando la política de intolerancia frente a las misiones diplomáticas acreditadas.
Esta postura se alinea con el rumbo del régimen hacia un aislamiento creciente, tras romper relaciones con diversos organismos internacionales y cerrar la puerta al escrutinio externo.
El evento contó con la presencia de los principales representantes del aparato estatal:
– General Julio César Avilés
– Ministra de Defensa, Rosa Barahona
– Presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras
– Presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha
– Fiscal General, Ana Julia Guido
– Director de la Policía Nacional, Francisco Díaz
La asistencia de estas figuras reafirmó el respaldo institucional al régimen, en un contexto en el que los contrapesos democráticos han sido progresivamente desmantelados.
Ortega proyecta una imagen de apertura hacia los migrantes deportados y de consolidación institucional. No obstante, las prácticas en terreno y las constantes violaciones a los derechos fundamentales evidencian una estrategia orientada al control interno y la confrontación externa, en lugar de una verdadera política de reconciliación o reinserción.
Fuente: La Prensa
.jpg)