La Asamblea Legislativa aprobó este jueves, en primer debate, una reforma a la ley de eurobonos que autoriza al Ministerio de Hacienda a emitir $2.000 millones en el mercado internacional, divididos en dos colocaciones de $1.000 millones cada una.
El proyecto fue aprobado con el margen mínimo requerido: 21 votos a favor y 19 en contra, reflejo de una marcada división entre las fracciones legislativas.
Originalmente, el Congreso había dado visto bueno a una autorización escalonada de $5.000 millones en eurobonos: $3.000 millones entre ambos semestres de 2023, $1.000 millones en 2024 y $1.000 millones más en 2025. No obstante, el incumplimiento de metas fiscales por parte del Ejecutivo impidió concretar la colocación correspondiente al año pasado.
Ante este escenario, el Poder Ejecutivo promovió la reforma con el fin de trasladar la emisión no ejecutada de 2024 al presente año, y la correspondiente a 2025, al 2026.
El nuevo texto no solo reactiva las emisiones, sino que también flexibiliza las condiciones fiscales exigidas al Gobierno para acceder al mercado. Uno de los cambios más controvertidos es el aumento del límite permitido en el pago de intereses de la deuda pública, que pasa del 4,6% al 5% del PIB.
La votación reflejó un apoyo heterogéneo: respaldaron la iniciativa siete oficialistas, cinco diputados del Frente Amplio, tres de Nueva República, dos del PUSC, dos legisladores independientes y un liberacionista. En contra se manifestaron 12 diputados del PLN, un legislador del PLP, cuatro independientes, una congresista del PUSC y una frenteamplista.
El Partido Liberación Nacional justificó su oposición por la relajación de las reglas fiscales incluidas en el texto. La Contraloría General de la República también había advertido que la reforma desmejora las metas fiscales vigentes.
Uno de los votos que viró a última hora fue el del frenteamplista Antonio Ortega, quien había condicionado su apoyo a la resolución de un conflicto entre Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el cantón de Paraíso por el suministro de agua. Luego de alcanzarse un acuerdo preliminar, Ortega decidió votar afirmativamente.
El proyecto deberá superar un segundo debate para convertirse en ley.
Fuente: Nación
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