Colombia
Tras el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, el ambiente político en Colombia se ha enrarecido aún más, y las voces críticas contra el Gobierno han cobrado fuerza. El expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, instó al presidente Gustavo Petro a desistir de la consulta popular que el Ejecutivo busca impulsar por decreto, a pesar de haber sido rechazada por el Senado.
Gaviria calificó de “incompatible con la responsabilidad del cargo” la actitud del presidente, a quien señaló por utilizar un “lenguaje confrontacional” y dar una respuesta “desilvanada” ante la situación crítica del país. El exmandatario advirtió que avanzar con la consulta en este contexto “profundiza la confrontación y erosiona el orden democrático”.
“El atentado contra Miguel Uribe no solo es una tragedia personal, sino una amenaza directa a la democracia”, señaló Gaviria en un extenso comunicado. También afirmó que, lejos de generar reflexión nacional, la insistencia del Gobierno en convocar la consulta popular minimiza la gravedad del atentado e intensifica las tensiones políticas.
Pese a las advertencias, el Ejecutivo parece decidido a seguir adelante. En entrevista con Semana, el recién nombrado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aseguró que la consulta se celebrará el 7 de agosto de 2025, una fecha simbólica por conmemorar la Batalla de Boyacá. Montealegre afirmó que se trata de “una decisión firme” del Gobierno.
La controversia también ha escalado en el ámbito institucional. El procurador general de la Nación recordó que la Constitución exige el “concepto previo favorable del Senado” para convocar una consulta popular, y recalcó que lo que hubo fue una negativa clara, no una omisión ni ambigüedad.
El procurador advirtió además que los ministros que firmen un decreto inconstitucional pueden incurrir en faltas disciplinarias y penales. Y su posición no es menor: fue secretario del Senado durante más de una década y fue ternado por el propio presidente Petro para su actual cargo.
En medio de la polémica, la tensión aumentó dentro del Congreso. El ministro del Interior protagonizó un tenso enfrentamiento con el secretario del Senado, en un episodio que requirió la intervención física de la senadora María José Pizarro. Al mismo tiempo, el Gobierno presentó una nueva solicitud al Congreso, con preguntas adicionales sobre la reforma a la salud, lo que fue interpretado como un intento improvisado por reencauzar su iniciativa.
El presidente de la Corte Constitucional también intervino, recordando que el tribunal tiene jurisdicción previa sobre este tipo de normas y que el orden constitucional no puede ser sometido a decisiones posteriores de votación popular.
Por su parte, Gaviria denunció que el presidente Petro ha condicionado la permanencia de sus ministros a la firma del decreto, lo que —según el exmandatario— vulnera la autonomía del gabinete y constituye una forma de presión indebida. “Ministro que no firme, se va”, habría dicho el jefe de Estado, según declaraciones recogidas por medios nacionales.
El comunicado de Gaviria finaliza con una advertencia: insistir en esta ruta pone en juego no solo la legalidad constitucional, sino la estabilidad institucional del país. “Presidente Petro, usted juró respetar la Constitución de 1991. No menoscabe el Estado de derecho”, concluyó el líder liberal.
Mientras tanto, la incertidumbre crece. El atentado contra Uribe Turbay ha encendido las alarmas sobre el deterioro del clima político, y los sectores opositores insisten en que este no es momento para imposiciones, sino para reconstruir puentes desde el diálogo y el respeto a las reglas democráticas.
Fuente: Semana
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