Colombia
El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, del partido Centro Democrático, ha provocado una contundente reacción internacional y encendido las alarmas sobre un posible resurgimiento de la violencia política en Colombia. Uribe, quien se encontraba en un acto de campaña en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, fue atacado a tiros por un menor de 15 años que portaba una pistola Glock 9 mm. El senador recibió dos impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, y permanece en estado crítico tras una cirugía de emergencia en la Fundación Santa Fe.
El menor, herido en una pierna, se encuentra bajo custodia policial en la Clínica Colombia. Aunque aún no se han esclarecido los móviles del ataque, la gravedad del hecho y la figura política de Uribe han provocado una ola de condenas a nivel internacional, desde organismos multilaterales hasta jefes de Estado y exmandatarios.
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., fue una de las primeras voces en reaccionar, calificando el atentado como “una amenaza directa a la democracia” y responsabilizando a la “retórica izquierdista” proveniente del gobierno de Gustavo Petro. Su mensaje, que incluyó oraciones por Uribe y su familia, fue acompañado de un llamado a moderar el discurso político, lo que provocó una respuesta del propio presidente colombiano, quien rechazó los intentos de “usar políticamente” la tragedia.
En el Congreso estadounidense, María Elvira Salazar se sumó a las condenas, calificando el atentado de “vil y cobarde” y exigiendo justicia sin dilaciones. Desde América del Sur, el presidente chileno Gabriel Boric, de orientación izquierdista, también rechazó enfáticamente la violencia, destacando que “no hay espacio ni justificación para la violencia en una democracia”.
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa y su homólogo paraguayo Santiago Peña hicieron eco del rechazo, al igual que José Raúl Mulino, mandatario panameño, quien advirtió sobre los peligros de los radicalismos. Desde Venezuela, el líder opositor Edmundo González Urrutia denunció la vulneración de la democracia cuando la violencia irrumpe en el debate político.
La activista Amanda Villavicencio, hija del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio —asesinado en 2023—, relacionó el ataque con la amenaza del crimen organizado en América Latina, advirtiendo que “con las mafias no se pacta”.
El Grupo IDEA, conformado por más de 20 exjefes de Estado y de Gobierno, también alzó la voz. Figuras como José María Aznar, Vicente Fox, Mauricio Macri, Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana señalaron que el atentado ocurre en un contexto de amenazas a las instituciones democráticas por parte del actual gobierno colombiano y exhortaron a la comunidad internacional a actuar.
Por su parte, organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) coincidieron en expresar su repudio y llamaron a una investigación transparente, así como a garantizar condiciones seguras para el ejercicio político en Colombia.
El ataque contra Miguel Uribe Turbay ha hecho recordar los magnicidios de las décadas de 1980 y 1990 en Colombia, cuando líderes como Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez Hurtado fueron asesinados en medio de climas políticos convulsos. En esta ocasión, el hecho de que el presunto atacante sea un menor de edad suma elementos inquietantes a una escena ya marcada por la polarización, la inseguridad y la desconfianza.
A medida que avanza la investigación, el país se enfrenta a un nuevo desafío: evitar que el miedo y la violencia regresen al centro del debate democrático. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación y exige respuestas claras para proteger el derecho fundamental de los colombianos a hacer política en libertad y sin miedo.
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