En América Latina, la polarización política no es un fenómeno nuevo, pero en 2025 ha alcanzado niveles que amenazan la estabilidad de las democracias y la confianza en las instituciones. Desde México hasta Bolivia, pasando por Perú, los gobiernos enfrentan una crisis institucional que refleja tanto la fragilidad de los sistemas democráticos como el profundo desencanto de las sociedades con sus élites. Esta tormenta perfecta de división ideológica, desconfianza ciudadana y debilitamiento de los checks and balances plantea una pregunta urgente: ¿puede la región superar esta crisis, o estamos ante el preludio de un retroceso democrático más profundo?
En México, la reciente reforma judicial que permite la elección popular de jueces ha encendido las alarmas. Promovida como una medida para democratizar el sistema judicial, críticos la ven como un intento del Ejecutivo por consolidar poder, erosionando la independencia del Poder Judicial. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha calificado este mecanismo como “inconstitucional y contraconvencional”, advirtiendo sobre el riesgo de politizar la justicia. Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum defiende la reforma como una respuesta a la corrupción judicial, la oposición y sectores académicos alertan sobre un peligroso precedente que podría desmantelar el equilibrio de poderes. México, una de las democracias más grandes de la región, se encuentra en una encrucijada: ¿es esta reforma un paso hacia la justicia popular o un salto hacia el autoritarismo encubierto?
En Bolivia, la crisis institucional es aún más evidente. El Tribunal Constitucional, al autoproclamarse en funciones más allá de su mandato, ha violado la propia Constitución, profundizando una judicialización de la política que paraliza al país. Los bloqueos en apoyo al expresidente Evo Morales, enfrentado al gobierno de Luis Arce, reflejan no solo una lucha de poder dentro del MAS, sino una fractura social que amenaza con desestabilizar una democracia ya frágil. La incapacidad de resolver esta crisis a través de canales institucionales ha dejado al país al borde del colapso, con ciudadanos pagando el precio de un sistema incapaz de garantizar gobernabilidad.
Perú, por su parte, es un caso paradigmático de desconfianza institucional. Con un Congreso desprestigiado, una Presidencia debilitada y un Poder Judicial incapaz de combatir la corrupción, el país enfrenta una tormenta de inseguridad alimentaria, crimen organizado y descontento social. Las protestas recientes, que dejaron 45 muertos, son un recordatorio de que la polarización no solo divide a las élites, sino que alimenta un malestar ciudadano que puede explotar en cualquier momento. La ausencia de liderazgo y la fragmentación política han convertido a Perú en un Estado a la deriva, donde la gobernabilidad parece un lujo inalcanzable.
La polarización en estos países no es solo un choque de ideologías, sino un síntoma de problemas más profundos: desigualdad rampante, elites desconectadas y democracias que no han sabido responder a las demandas sociales. En México, la narrativa de “el pueblo contra la élite corrupta” resuena entre millones, pero también alimenta un discurso que demoniza a las instituciones independientes. En Bolivia, la lucha por el poder entre facciones políticas ha secuestrado el debate sobre el futuro del país. En Perú, la falta de un proyecto nacional compartido ha dejado un vacío que el crimen organizado y el populismo están ansiosos por llenar.
Sin embargo, esta crisis también ofrece una oportunidad. La polarización, si se canaliza constructivamente, puede ser un motor de cambio. Países como Uruguay y Costa Rica, con democracias más consolidadas, demuestran que el diálogo y el fortalecimiento institucional son posibles incluso en contextos de división. Para ello, América Latina necesita líderes dispuestos a priorizar el bien común sobre las victorias partidistas, y ciudadanos que exijan rendición de cuentas sin caer en la tentación de soluciones autoritarias.
El camino no será fácil. Reconstruir la confianza en las instituciones requiere reformas que garanticen transparencia, independencia y participación ciudadana, pero también un cambio cultural que valore el pluralismo sobre el sectarismo. Mientras tanto, la región debe enfrentar una verdad incómoda: la polarización no es solo un problema político, sino un reflejo de sociedades fracturadas que claman por justicia, equidad y un futuro digno.
Es hora de que América Latina mire más allá de las trincheras ideológicas. Gobiernos, oposición y sociedad civil deben trabajar juntos para fortalecer las instituciones y cerrar las brechas que alimentan la división. La alternativa –un ciclo interminable de crisis y desconfianza– es un lujo que la región no puede permitirse. ¿Estamos listos para construir democracias que unan en lugar de dividir, o seguiremos atrapados en el torbellino de la polarización?
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