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Perú
El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, ha presentado el proyecto de ley 9432/2024-CR, que propone una reforma a los artículos 30-C y 36-E de la Ley de Organizaciones Políticas. El objetivo de la iniciativa es permitir un aumento en el monto de las donaciones o aportes de personas naturales, peruanas o residentes, limitados a un máximo de 200 UIT (Unidades Impositivas Tributarias), lo que podría generar un incremento considerable en los recursos para los partidos políticos.
"Este proyecto tiene como fin promover el financiamiento privado de las organizaciones políticas, incentivando la participación ciudadana en su sostenibilidad financiera, bajo la supervisión de las autoridades competentes", establece el documento.
Además, se contempla que las personas no podrán realizar aportes superiores a las 500 UIT anuales, independientemente de cuántos partidos políticos reciban sus contribuciones. Sin embargo, se excluye de esta limitación el financiamiento destinado a capacitaciones, tanto presenciales como virtuales, siempre que los fondos se destinen a una organización educativa que haya prestado servicios a, al menos, tres partidos en el último año.
El proyecto también establece que las organizaciones políticas podrán recibir donaciones de personas jurídicas, ya sean con o sin fines de lucro, siempre que el monto anual no supere el 10% de los ingresos obtenidos en el último ejercicio fiscal.
Además, los ingresos generados a través de actividades proselitistas, que identifiquen tanto a los donantes como el monto de sus aportes, serán considerados como aportes. Todos estos ingresos deberán ser reportados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
En otra propuesta, el Pleno del Congreso aprobó una modificación al Código Penal y al nuevo Código Procesal Penal, que impide que el fiscal solicite detención preliminar o prisión preventiva contra personal de la Policía Nacional del Perú que utilice sus armas de manera reglamentaria, incluso si ello resulta en lesiones o muertes.
La reforma, que recibió 94 votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones, fue exonerada de una segunda votación en la sesión plenaria de ayer, como parte de las medidas para fortalecer la lucha contra la inseguridad. La norma tiene como fin "garantizar el principio de presunción de inocencia y brindar mayor protección a los miembros de la Policía Nacional".
El proyecto también establece que personas mayores de 80 años involucradas en situaciones similares no deberán cumplir prisión preventiva por razones humanitarias.
"Si un policía actúa conforme a la ley, no hay motivo para prisión preventiva. Puede continuar su proceso en libertad mientras se aclara el caso. En muchas ocasiones, se cometen abusos contra la Policía Nacional", explicó Muñante sobre la propuesta.
Fuente: La República
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