.jpg)
La votación del referéndum programada para este martes ha obligado a posponer una reunión crucial entre representantes de los tres poderes de la República, donde se pretendía alcanzar acuerdos en proyectos de ley relacionados con la seguridad.
El encuentro estaba agendado para el martes 25 de junio a las 10 a.m., según comunicó Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, a los jefes de fracción antes de su ingreso a un centro médico.
Se esperaba la participación de destacados funcionarios como Orlando Aguirre, presidente del Poder Judicial; Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera; Carlo Díaz, fiscal general; Randall Zúñiga, director del OIJ; Fernando Ramírez, director del ICD, además de Laura Fernández, ministra de la Presidencia, miembros de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso y jefes de fracción.
“No es un secreto que no hemos podido avanzar con la rapidez que quisiéramos. Estos 10 proyectos de ley se establecieron desde una reunión en la Corte a principios de enero de este año y por diferentes razones hemos avanzado, se han aprobado algunas de ellas, hay otras que están en agenda, otras que no se han convocado. El objetivo es ver si podemos ponernos de acuerdo en temas álgidos, como el de prisión preventiva y el de capitales emergentes, donde creo que hay que buscar una solución para avanzar más rápido y resolver estos proyectos”, expresó Arias el jueves.
La intención era priorizar iniciativas solicitadas por la Fiscalía, el OIJ y el Ministerio de Seguridad para hacer frente a la ola de violencia en Costa Rica.
No obstante, la votación sobre la solicitud del referéndum alteró esos planes.
Rosalía Brown, vicepresidenta de la Asamblea y quien asumió las funciones en ausencia de Arias, anunció la cancelación de la reunión.
“Acaban de suspender la reunión hasta nuevo aviso”, informó a través de su equipo de prensa.
Se prevé que el martes por la mañana, las fracciones mantengan reuniones internas para tomar una decisión sobre la consulta popular.
Cabe recordar que inicialmente, los diputados habían acordado el 25 de junio como fecha para decidir si solicitar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la convocatoria a referéndum para votar sobre el proyecto 23.465, conocido como “Ley Jaguar”.
Esa fecha había sido suspendida porque 22 legisladores enviaron una consulta a la Sala Constitucional debido a posibles roces de constitucionalidad.
Todo cambió el viernes cuando el ente constitucional rechazó la admisibilidad de la consulta. Para Brown y su equipo, no es necesario esperar que la Sala remita al Congreso la resolución completa para continuar con el proceso.
Fuente: El Observador
.jpg)