Argentina
La violencia de los setenta se ha instalado en la campaña electoral argentina. Pocos días después de que el partido de extrema derecha La Libertad Avanza organizara un homenaje a las “víctimas del terrorismo” que tensó el consenso contra la dictadura en el país, el líder de esa fuerza, Javier Milei, arremetió contra la candidata de la coalición conservadora Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, por su pasado guerrillero. “Tiró bombas en los setenta”, le afeó el ultra. Bullrich, que integró Montoneros, el brazo armado del peronismo revolucionario, y hoy representa a la derecha, entró en la contienda. “Yo superé la violencia”, le respondió.
El ataque de Milei a Bullrich ocurrió después de que el periodista que lo entrevistaba le preguntara si en su formación había peronistas –el ultra y la conservadora representan las principales figuras de la oposición al peronismo gobernante–. El candidato presidencial, el más votado en las primarias de agosto, acusó a Juntos por el Cambio de hacerles a los integrantes de sus filas “un test de antiperonismo”. “Yo les recuerdo que (...) están poniendo una candidata a presidenta que tiró bombas en los setenta y era bien peronista”, dijo el ultra, que después agregó: “Si tengo terroristas en mis líneas y estoy en Juntos por el Cambio vale, pero si lo hace otro está mal”.
Milei se había mantenido hasta ahora relativamente al margen de la agenda de derechos humanos y de las políticas de memoria de la dictadura. El repudio a un régimen militar que dejó 30.000 desaparecidos entre 1976 y 1983 parecía un consenso sólido en el país sudamericano, al menos en público –aunque Milei, por ejemplo, ha cuestionado la cifra oficial de desaparecidos–. Ningún presidente que llegó a la Casa Rosada después de 1983 puso en duda el repudio a los crímenes de lesa humanidad. Fue la compañera de fórmula de Milei, Victoria Villarruel, hija de un militar y defensora de lo que llama “la memoria completa”, quien la semana pasada introdujo de lleno el tema en la campaña electoral.
Villarruel organizó un acto en homenaje a “las otras víctimas” de la violencia política de los años setenta. El acto fue repudiado por diversos organismos de derechos humanos que lo consideraron una”provocación” que amenazaba “los acuerdos básicos” tras 40 años de democracia. La abogada, que saltó a la política desde el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, aseguró allí que “el Estado viola los derechos humanos” al “garantizar la impunidad a un grupo de violentos”, en referencia al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros, donde militó Bullrich en su juventud.
En una entrevista radial, Bullrich se defendió del ataque de Milei. “Tengo un pasado en la Juventud Peronista, siempre lo asumí, siempre dije que me parecía que había que superar y ser crítico de la violencia como forma de acción política. Yo superé la violencia como forma de acción política hace muchísimos años. Que eso me lo diga alguien que hoy practica la violencia como forma de acción política...”, respondió Bullrich. La conservadora se comparó después con el exmandatario uruguayo de izquierda José Pepe Mujica, que integró el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros en su juventud: “Hemos aprendido. Yo he aprendido a valorar profundamente la democracia”.
El cuestionamiento al consenso construido durante cuatro décadas en Argentina entra en la campaña electoral cuando se cumplen 40 años del regreso a la democracia en el país sudamericano. La dictadura implementó en el país un plan sistemático de detención, tortura y extermino que provocó la desaparición forzada de 30.000 personas. Tras el fin de ese régimen militar, Argentina empezó una serie de acciones para juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Juntas Militares, las cúpulas de las organizaciones armadas que funcionaron en los años setenta y otros. En los noventa, sin embargo, el presidente Carlos Menem indultó a todos los procesados y condenados. Más de una década después, el kirchnerismo ordenó la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, que no prescriben, y más de 1.189 represores han sido condenados.
Fuente: El País
