Costa Rica
Redacción Sufragio
La lucha por la legalización de la marihuana en Costa Rica ha tomado un nuevo giro en su camino hacia la aceptación. A pesar de las esperanzadoras perspectivas, los simpatizantes de la cannabis recibieron un golpe duro este martes cuando la mayoría de los diputados de la Comisión de Ambiente del Congreso recomendó archivar la iniciativa de legalización.
Este proyecto, que contemplaba la venta, la industrialización y el consumo regulado de la marihuana en el país, enfrentó una barrera en forma del bloque conservador conformado por el PLN y Nueva República. Sin embargo, esta victoria no es definitiva, ya que en el plenario legislativo se vislumbra una tendencia a revivir el proyecto. Si esto ocurre, tanto la empresa privada como el gobierno podrían entrar a un mercado con un potencial económico estimado en más de $120 millones al año.
La dinámica en el plenario muestra que alrededor de 31 votos podrían estar a favor del proyecto, lo que indica que aunque la situación es ajustada, hay apoyo suficiente para aprobarlo. Según Manuel Morales, un diputado oficialista de Progreso Social, esta cifra refleja la convergencia de diputados de varias fuerzas políticas, incluyendo Progreso Social, el Frente Amplio, Liberal Progresista, la Unidad y Liberación, que podrían respaldar la despenalización de la marihuana en el país.
La propuesta liderada por Morales introduce un marco regulatorio similar al que se aplica al tabaco en espacios públicos y excluye el autocultivo. Además, se renombraría la marihuana para uso recreativo como "para consumo adulto". Costa Rica también retiraría la promoción de sí misma como un destino de vacaciones para fumar cannabis.
El argumento central del gobierno en favor de la legalización es que esto impactaría negativamente a las bandas narcotraficantes. Además, los ingresos generados a través de impuestos podrían ser destinados a combatir la adicción y el tráfico de drogas más peligrosas, como la cocaína y el crack.
Por otro lado, la diputada Pilar Cisneros, líder de Progreso Social, enfatiza la necesidad de negociar directamente con los diputados para ganar apoyo para el proyecto, ya que tanto el PLN como el PUSC no tienen una posición clara al respecto. Esto subraya la importancia de presentar argumentos sólidos y disipar mitos en torno a la legalización.
En contraposición, Óscar Izquierdo, jefe del PLN, muestra su escepticismo hacia la iniciativa, alegando que no ha visto pruebas contundentes de que la legalización beneficie al país. Aunque su partido aún no ha tomado una decisión definitiva, Izquierdo comparte que no se ha convencido de los beneficios de la legalización hasta el momento.
La propuesta de ley en cuestión busca regular el mercado de la marihuana psicoactiva para uso adulto a través de campañas de educación. La ley abarca aspectos como la siembra, producción, comercialización y consumo de cannabis psicoactivo y sus derivados, mientras prohíbe fumar en espacios públicos y cualquier forma de publicidad relacionada. Se permite la tenencia y transporte de hasta 40 gramos de marihuana para personas mayores de edad, pero se requiere una licencia para quienes deseen participar en el negocio de cannabis. Además, se autorizan clubes canábicos y los ingresos fiscales serán destinados a instituciones como el IAFA y la policía, entre otras.
