Bolivia
La producción de gas en Bolivia enfrenta un declive que preocupa a las autoridades y a los países vecinos que dependen de sus exportaciones. Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB) ha puesto en duda el cumplimiento de los contratos de exportación de gas con Argentina y Brasil, lo que ha generado alerta en el Gobierno nacional.
Ante esta situación, la diputada nacional Jimena Latorre ha tomado medidas para obtener información y buscar soluciones. Presentó un proyecto de resolución solicitando al Gobierno que aclare la posible suspensión del contrato con YPFB. En su pedido de informes, destaca la necesidad de conocer el cronograma de licitación y obras previstas para la reversión del Gasoducto del Norte, así como los planes de contingencia para el abastecimiento de gas y la generación eléctrica en las regiones centro y norte del país afectadas por la suspensión del contrato.
Latorre también ha solicitado información sobre el número de usuarios en alto riesgo de abastecimiento, detallando su clasificación en residenciales, comerciales e industriales en la región. Además, exige que se informe sobre las multas aplicadas a YPFB por incumplimiento de contrato y cómo Energía Argentina ha respondido ante la notificación de la transformación del contrato en interrumpible.
La diputada, acompañada por su colega Pamela Verasay, ha pedido al Ejecutivo que presente los estudios de reservas comprobadas en Bolivia que respaldaron la construcción del Gasoducto del GNEA. Además, solicita información sobre la función que tendrá el gasoducto en ausencia del abastecimiento de gas boliviano.
Por último, Latorre reclama que la Cámara de Diputados de la Nación tenga acceso al texto de la sexta adenda suscrita entre ENARSA e YPFB. Esta adenda es relevante en el contexto actual, ya que la Secretaría de Energía de Nación ha instruido a CAMMESA y ENARSA a realizar una operación de crédito reintegrable para garantizar los fondos necesarios para el proyecto de revisión del Gasoducto del Norte y obras complementarias.
La situación planteada por YPFB sobre la no garantía de abastecimiento de gas firme a partir de 2024 representa un alto riesgo para el suministro de gas y energía eléctrica en las regiones del centro y norte de Argentina. Las centrales termoeléctricas en esas áreas dependen del gas importado de Bolivia para su funcionamiento, y la falta de alternativas con combustibles líquidos aumenta la preocupación por la posibilidad de desabastecimiento.
Ante esta incertidumbre, el Gobierno y los legisladores buscan respuestas y soluciones para garantizar un suministro energético seguro y confiable en el futuro cercano. El tema se ha convertido en una prioridad para proteger el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo económico del país.
Redacción Sufragio
