Portugal endurece el acceso a la nacionalidad tras pacto entre Gobierno y ultraderecha

Portugal

Portugal dejará atrás su tradición de apertura hacia los extranjeros y se posiciona como uno de los países europeos más restrictivos en materia de ciudadanía. La reforma legal pactada entre el Gobierno conservador y el partido ultraderechista Chega amplía los plazos de espera para solicitar la nacionalidad —entre siete y diez años—, introduce exámenes obligatorios de lengua y cultura y exige que los solicitantes no perciban subsidios ni ayudas públicas, además de demostrar medios económicos propios.

El proyecto también prevé la posibilidad de revocar la nacionalidad obtenida de manera fraudulenta, prohibiendo futuras solicitudes, y permite que jueces retiren la ciudadanía a extranjeros que hayan cometido delitos graves. “No queremos portugueses de ocasión”, declaró el primer ministro Luís Montenegro, justificando los cambios como un freno a la “banalización” de la atribución de la nacionalidad bajo la normativa anterior.

La reforma refleja un endurecimiento generalizado de las políticas migratorias en Portugal, que recientemente también ajustó la ley de extranjería para restringir derechos de ciertos inmigrantes. El país, marcado históricamente por la emigración, cuenta con más ciudadanos fuera de sus fronteras (2,1 millones, 21% de la población) que inmigrantes (1,5 millones, 15%). Entre las modificaciones más relevantes, queda eliminado el régimen especial que permitía a descendientes sefardíes, incluidos oligarcas rusos como Roman Abramóvich, obtener la nacionalidad. Investigaciones judiciales aún indagan posibles irregularidades en este sistema.

Para Chega, el endurecimiento es un triunfo político. El partido ultraderechista logró incluir en la ley restricciones vinculadas a la dependencia de subsidios, aunque no se aprobó la retirada automática de la nacionalidad a delincuentes, considerada excesiva por juristas y potencialmente inconstitucional. La aprobación coincide con la campaña presidencial de André Ventura, quien ha causado polémica con carteles y mensajes considerados discriminatorios por asociaciones romaníes y organizaciones antirracismo. Ventura, sin embargo, se mantiene firme y argumenta amparo en la libertad de expresión, criticando las limitaciones impuestas por grupos que reivindican la Revolución de los Claveles.

Montenegro, que lidera una coalición desde 2024, ha adoptado una línea pragmática frente a Chega en materia migratoria, aunque mantiene distancia de su retórica. La oposición de izquierda denuncia que la ley responde a “oportunismo político” y disputa electoral. La votación de la reforma contó con el respaldo de los cuatro grupos de derecha, que suman casi el 70% de los escaños, mientras que Chega, Iniciativa Liberal y algunas formaciones de izquierda se abstuvieron.

El endurecimiento de la ley de nacionalidad se produce en paralelo a la aprobación de los Presupuestos del Estado para 2026, que incluyen un crecimiento proyectado del PIB del 2,3%. La normativa ahora avanzará a su tramitación en comisiones antes de la votación final en la Asamblea el próximo 27 de noviembre.

Fuente: El País