La Alcaldía de Bogotá anunció un movimiento administrativo que afecta a las 20 localidades de la capital. Por instrucción del alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, se solicitó la renuncia protocolaria de todos los alcaldes y alcaldesas locales, como parte de un proceso de “evaluación permanente” de la gestión pública.
Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, confirmó la medida a través de su cuenta en X, señalando que busca fortalecer el control y seguimiento de la labor de las autoridades locales. “La evaluación permanente es uno de nuestros principios de gerencia pública. Hemos avanzado, sin embargo, el seguimiento y la exigencia serán cada día más rigurosos. Las alcaldías locales deben gobernar lo cotidiano de manera transparente, eficiente y con resultados”, afirmó.
Hasta ahora, la solicitud no implica la salida inmediata de los funcionarios. Corresponde al alcalde mayor decidir la aceptación de cada renuncia tras evaluar los resultados de su gestión. Se espera que en los próximos días se den a conocer ajustes y posibles cambios en las alcaldías locales.
El Concejo de Bogotá ya había señalado dificultades en varias administraciones locales, incluyendo dos vacantes sin cubrir. Los cuestionamientos más recientes se concentran en Chapinero, donde ediles y concejales del Centro Democrático denunciaron irregularidades en procesos de contratación, con presuntos sobrecostos, como la compra de cinco motocicletas para la Policía por aproximadamente 50 millones de pesos y paquetes de billetes didácticos a 450.000 pesos cada uno.
En paralelo, la elección de un nuevo gerente en Corabastos ha generado polémica. Tras la salida de Javier Salcedo, la Junta Directiva analiza candidatos, entre ellos David Martínez, quien recibió cuestionamientos de la Alcaldía por no presentar la documentación legal requerida. La capital perdió así la presidencia de la Junta Directiva, luego de que su delegada fuera removida del cargo.
Galán señaló que la remoción se debió a dudas jurídicas sobre un contrato laboral y subrayó la importancia de garantizar la transparencia en la corporación. “Cualquier sospecha debe enfrentarse con determinación”, dijo, mientras las autoridades competentes evalúan la situación.
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