El proceso electoral de Honduras, que culminará con las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, enfrenta un ambiente de alta tensión marcado por acusaciones cruzadas de fraude entre los candidatos de los tres principales partidos y una creciente desconfianza hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Sectores diversos del país expresan dudas sobre la realización efectiva de los comicios y advierten sobre posibles escenarios de violencia sin importar quién resulte ganador. La contienda presidencial gira principalmente en torno al oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), liderado por Manuel Zelaya, expresidente y principal asesor de la actual mandataria Xiomara Castro, y las fuerzas opositoras del Partido Nacional y el Partido Liberal.
Las encuestas públicas colocan como principales contendientes a Salvador Nasralla (Partido Liberal), Nasry Asfura (Partido Nacional) y Rixi Moncada (Libre), quien asegura liderar otros sondeos y anticipa su triunfo electoral.
El calendario electoral ha sufrido retrasos y modificaciones tras las elecciones internas del 9 de marzo, debido a profundas discrepancias entre los tres consejeros del CNE, principalmente en torno al sistema de Transmisión Electoral de Resultados Parciales (TREP). Un acuerdo alcanzado el 5 de agosto aminoró la crisis política que amenazaba la estabilidad del proceso.
El conflicto se intensificó luego de que la consejera Ana Paola Hall (Partido Liberal) pusiera a disposición su cargo, alegando desacuerdos con sus pares Cossete López (Partido Nacional), presidente del CNE, y Marlon Ochoa (Libre), además de denunciar amenazas contra ella y su familia. Su renuncia, presentada ante el Parlamento, no fue discutida por falta de votos, y Hall retomó sus funciones en el órgano electoral, cuyo trabajo estuvo paralizado varias semanas.
El analista Manuel Torres señala que “el CNE es un organismo profundamente politizado, que funciona más en interés de los partidos que en defensa de la democracia electoral hondureña.” Esta parcialidad, dice, limita la capacidad del CNE para garantizar un proceso electoral neutral y transparente.
Tras el acuerdo sobre el TREP, la presidenta Xiomara Castro destacó avances hacia un sistema con menor intervención humana y garantizó elecciones “libres, democráticas y transparentes” en noviembre, haciendo un llamado a la participación ciudadana para legitimar el proceso.
No obstante, críticas persistentes apuntan al intervencionismo de instituciones estatales, incluido el Parlamento y las Fuerzas Armadas, estas últimas establecidas por ley como apolíticas y no deliberantes, en el funcionamiento autónomo del CNE.
La Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), que visitó Honduras en julio, expresó su esperanza de que las elecciones sean “pacíficas, libres y justas, respetando la voluntad popular.” Por su parte, el Instituto Nacional Demócrata advirtió que la desconfianza acumulada desde 2009, los problemas administrativos en las elecciones internas y la crisis reciente en el CNE “erosionan las condiciones de diálogo y entendimiento,” enfatizando que Honduras merece “elecciones creíbles y participativas.”
Fuente: SWI
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