Perú
La presidenta Dina Boluarte oficializó la creación de un grupo de trabajo para elaborar un proyecto de “Ley de Soberanía Nacional”, medida que en la práctica busca sentar las bases para el retiro del Perú de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH y Corte IDH).
El decreto, publicado el 28 de agosto en El Peruano, establece que la comisión estará presidida por el Ministerio de Defensa y estará integrada mayoritariamente por representantes de las Fuerzas Armadas, además de delegados de la Cancillería, el Ministerio de Justicia, el Interior y la Presidencia del Consejo de Ministros. Tendrán un plazo de 60 días hábiles para entregar un informe y la propuesta legislativa.
Boluarte justificó la decisión señalando que “el Estado debe defender su soberanía sin injerencias externas”, en referencia a las recientes medidas cautelares dictadas por la Corte IDH contra leyes impulsadas por su gobierno, como la amnistía a militares y policías condenados por violaciones de derechos humanos y la llamada ley APCI, que restringe el trabajo de ONG.
La iniciativa ha generado rechazo entre organizaciones civiles. Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), advirtió que el retiro del sistema interamericano dejaría a miles de víctimas sin acceso a justicia internacional, en un país donde el sistema judicial interno sigue siendo deficiente. “Nos quieren dejar sin la última instancia de justicia. Esto no es un avance en soberanía, es consolidar la impunidad”, señaló.
Pariona también cuestionó la composición del grupo de trabajo, integrado por instituciones que en el pasado han sido señaladas en casos de violaciones a los derechos humanos, lo que calificó como un “pacto político con las Fuerzas Armadas”.
El politólogo Martín Ueda, de la Universidad Nacional de Trujillo, consideró improbable que el retiro de la Corte IDH se materialice durante la actual gestión, aunque reconoció que la propuesta podría convertirse en bandera electoral para ciertos sectores en los próximos comicios. “En el corto plazo no tiene efectos prácticos, pero a mediano plazo podría ser utilizado como recurso político bajo el discurso de soberanía nacional”, explicó.
La posibilidad de que Perú abandone la Corte IDH no es nueva: ha sido planteada en campañas políticas en los últimos 20 años, aunque nunca concretada. El actual escenario, sin embargo, presenta un contexto más favorable para que la narrativa avance, en medio del desgaste de las instituciones y la demanda ciudadana de mayor seguridad frente al crimen.
Fuente: La República
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