República Dominicana
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, promulgó este domingo la Ley Orgánica 74-25, que establece el nuevo Código Penal de la nación, poniendo fin a más de 20 años de debates, aplazamientos y bloqueos legislativos. La normativa, compuesta por 393 artículos, entrará en vigencia en agosto de 2026.
La decisión del mandatario se concretó apenas 48 horas después de que el Senado remitiera la pieza, pese a que tenía hasta el 10 de agosto para observarla o sancionarla. Su promulgación ocurre en medio de una intensa controversia, principalmente por la exclusión de las tres causales del aborto, un punto que generó divisiones incluso dentro del entorno familiar del presidente y contradice su postura expresada durante la campaña electoral de 2019.
Durante los últimos cinco años, el tema de las causales impidió en al menos tres ocasiones la aprobación del Código en el Congreso Nacional. En esta ocasión, sin embargo, el oficialismo —que cuenta con mayoría en ambas cámaras— logró aprobarlo tras extensas jornadas en la legislatura extraordinaria, incorporando varias modificaciones al texto original.
La normativa había sido devuelta previamente por los expresidentes Danilo Medina (en 2014 y 2016) y observada por Leonel Fernández en 2006, debido a objeciones de diferentes sectores sociales, incluyendo el gremio médico.
Con esta ley, el país deja atrás el antiguo marco penal instaurado en 1884 bajo el gobierno de Ulises Heureaux, basado en el Código Napoleónico de 1810.
Entre los nuevos delitos tipificados en el Código Penal se incluyen el feminicidio, sicariato, ciberacoso, dopaje, violencia económica, divulgación de imágenes íntimas con fines extorsivos, exhibicionismo, clonación de tarjetas, estafas piramidales, intermediación financiera sin regulación, instigación al suicidio, bloqueo a vehículos de emergencia y carreras ilegales.
Asimismo, se eleva la pena máxima de prisión a 40 años y se introducen mecanismos como la vigilancia posterior al cumplimiento de condena, registro de agresores sexuales y programas obligatorios de reeducación para facilitar la reinserción social.
La promulgación del Código ha suscitado opiniones divididas. El senador opositor Yván Lorenzo lo calificó como un retroceso en materia de derechos para las mujeres, mientras que el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, defendió la medida como un acto de responsabilidad institucional.
Desde el Congreso, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que la nueva ley protege los derechos fundamentales, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la describió como “una conquista legislativa largamente esperada”.
Por su parte, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, destacó que con esta promulgación se supera “una normativa claramente obsoleta”.
El nuevo Código Penal entrará en vigor dentro de dos años, período conocido como vacatio legis, durante el cual se prevé introducir ajustes adicionales para afinar su aplicación y garantizar su operatividad en el sistema judicial.
A pesar de su aprobación, sectores sociales, feministas y defensores de derechos humanos han insistido en que la norma vulnera derechos fundamentales al penalizar el aborto en todos los casos, sin considerar las excepciones por riesgo para la madre, violación, incesto o inviabilidad fetal.
No obstante, la procuradora Yeni Berenice Reynoso respaldó la promulgación, argumentando que la nueva normativa permitirá fortalecer la lucha contra la criminalidad y garantizar mayor justicia para las víctimas.
Fuente: Diario Libre
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