Por: Helios Ruíz
Hoy nos encontramos ante un momento simbólico e inédito en la historia reciente de México: nuestra primera elección popular para elegir ministros, magistradas y otros integrantes del Poder Judicial ha destapado tensiones profundas y preguntas urgentes sobre la democracia. ¿Qué sucedió, qué está en juego y por qué deberíamos prestarle atención?
En 2025, México se convirtió en el primer país que lleva a cabo elecciones populares para su Poder Judicial, incluyendo a la Suprema Corte, un proceso nacido de una reforma impulsada en 2024 y avalada en 2025. La apuesta fue clara: acercar la justicia a la ciudadanía, fortalecer la transparencia y romper con inercias de designaciones cerradas.
El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral tuvieron ante sí la tarea de organizar una de las votaciones más complejas del país: elegir nueve ministros de la Corte y cientos de jueces y magistrados, en un contexto de baja visibilidad, gastos limitados y con partidos, incluido Morena, desplegando lo que llamaron “listas guía” para orientar a los electores.
Luego del 1 de julio, surgió una fuerte controversia: más de 180 impugnaciones fueron presentadas ante el TEPJF, muchas centradas en la distribución masiva de “acordeones” —pequeñas guías con instrucciones de voto— señaladas como parte de una operación sistemática, orquestada y posiblemente financiada con recursos públicos. El argumento central: estos materiales afectaron principios clave como la certeza, legalidad, equidad y transparencia del proceso.
El magistrado Reyes Rodríguez presentó un proyecto profundamente estructurado —con más de 300 pruebas documentales (fotos, videos, audios), georreferenciadas y respaldadas por estadísticas— donde concluye que la operación no fue un error ni una ocurrencia ciudadana, sino algo planificado, territorialmente amplio y decisivo para el resultado. Este proyecto podría llevar a la nulidad de la elección de ministros de la Suprema Corte, lo que ordenaría convocar a elecciones extraordinarias.
Por su parte, la magistrada Janine Otálora, que ha sido clave en la conducción del TEPJF y promotora de una visión más inclusiva de la justicia, ha advertido que la elección popular no es una panacea para sanear el sistema judicial. Para ella, la solución no está tanto en votar jueces, sino en fortalecer instituciones, como un verdadero Consejo de la Judicatura con facultades de investigación y sanción
Otálora también subraya que la justicia electoral debe ser transformadora, inclusiva, plural y no solo resolutiva. Destaca la creación de la Defensoría Pública Electoral como herramienta clave para garantizar representaciones justas y ampliar el acceso a la justicia. Además, alerta sobre la escasa participación de pueblos indígenas en esta elección judicial: de más de 3 000 aspirantes, solo seis se identificaron como indígenas, lo que evidencia falta de inclusión.
En el Tribunal Electoral hay un bloque claramente identificado: una mayoría oficialista (formada por la presidenta Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata) que ha respaldado hasta ahora la validación de la elección judicial, minimizando las irregularidades alegadas. Reyes Rodríguez y Otálora representan la minoría crítica, en una pulseada que se definirá pronto: el proyecto de nulidad podría ser discutido y votado este miércoles, si no hay cambio de agenda.
No es solo un tema técnico: lo que estamos viendo es un dilema sobre la legitimidad del Poder Judicial, su relación con el Ejecutivo y los partidos, y hasta qué punto la democracia puede sostenerse sobre procesos abiertos sin caer en manipulación mediada. Este momento definirá si nuestra justicia será realmente transparente o si, por el contrario, se convierte en un instrumento más de poder.
Estemos atentos. Si el proyecto de nulidad no prospera, quedará registrado un precedente: el acuerdo tácito de que las irregularidades sistemáticas pueden validarse. Pero si se reconoce la operación de los acordeones, podría marcar un parteaguas sobre cómo protegemos nuestra judicatura. En ambos casos, lo valioso es que este debate quede asentado: para saber hacia dónde vamos como país, es fundamental saber cómo y por qué llegamos aquí.
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