Ecuador
El Ejecutivo solicitó a la Corte Constitucional diferir la audiencia prevista para el 18 de agosto de 2025, destinada a revisar las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública.
El pedido fue formalizado el 13 de agosto por el secretario general Jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, un día después de que el presidente Daniel Noboa, acompañado por ministros y asambleístas, marchara hacia el máximo tribunal. Andino explicó que la solicitud busca garantizar la oportunidad de “defender la constitucionalidad de las normas demandadas” y “contestar las acciones acumuladas de inconstitucionalidad”.
La Asamblea Nacional también presentará un pedido similar, solicitando ampliar los plazos para responder en las otras dos causas relacionadas con la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Inteligencia.
El 4 de agosto, la Corte suspendió de manera provisional cerca de veinte artículos de estas leyes, citando una “posible vulneración de derechos”, mientras se resuelve el fallo definitivo. Entre los artículos afectados se incluyen definiciones sobre conflicto armado interno, grupos armados organizados, indultos presidenciales diferidos y la transformación de ciertas cooperativas en bancos.
En un comunicado, la Asamblea Nacional argumentó que la Corte redujo los plazos legales para presentar la defensa. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece un período de 15 días, pero en el caso 52-25-IN se redujo a siete días y en las otras dos demandas a solo tres días, representando hasta 12 días menos de lo previsto. Según el Legislativo, esta reducción limita la capacidad de preparar una respuesta técnica adecuada ante la relevancia e impacto de los casos.
Paralelamente, el Parlamento tiene listo el informe del proyecto de control de fundaciones, que se prevé someter al primer debate en la Asamblea.
Fuente: Primicias
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