Argentina
La Cámara de Diputados de Argentina rechazó este miércoles el veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Emergencia de Discapacidad, con 172 votos a favor de la oposición, 73 en contra del oficialismo y dos abstenciones. La decisión fue celebrada por personas con discapacidad y sus familiares, que desde la noche del martes mantenían una vigilia en la Plaza de Mayo, bajo lluvia y fuertes vientos, acompañados por jubilados, trabajadores estatales y otros ciudadanos.
El veto ya había sido cuestionado judicialmente el martes, en un fallo histórico que marcó un precedente sobre la legalidad de la medida presidencial.
En contraste, la iniciativa que buscaba aumentar las jubilaciones se mantuvo vetada. La oposición obtuvo 160 votos a favor, mientras que oficialismo y aliados sumaron 83 votos, con seis abstenciones, quedando a dos votos de los dos tercios requeridos para revertir el veto.
Durante las jornadas previas al debate, se reportaron presiones de funcionarios presidenciales sobre legisladores para influir en la votación. Según fuentes parlamentarias, se realizaron llamadas a gobernadores y diputados con el objetivo de asegurar que no se alcanzaran los dos tercios necesarios.
La ley que buscaba aumentar jubilaciones y pensiones planteaba un incremento del 7,2 % y del bono de 70 mil a 110 mil pesos, equivalente a 0,3 % del Producto Bruto Interno, comparado con el pago diario de intereses de la deuda externa. Encuestas recientes indicaron que más del 60 % de la población apoyaba las leyes de emergencia de discapacidad, el aumento a jubilados y la financiación de hospitales, universidades y salud pública.
En paralelo, un escándalo de corrupción vinculó a funcionarios de La Libertad Avanza. Audios difundidos por el programa Data Clave muestran al director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, solicitando orientación al presidente Milei ante presuntas demandas de sobornos por parte de funcionarios, incluyendo allegados del mandatario. Spagnuolo se mostró dispuesto a renunciar mientras se iniciaba una investigación judicial a cargo del fiscal Franco Picardi. Las grabaciones sugieren que empresas proveedoras de medicamentos habrían sido presionadas para ofrecer pagos a cambio de contratos estatales.
El Congreso también abordó la continuidad de la Comisión Investigadora, recientemente cesada, y el tema del fentanilo contaminado que ha causado cerca de cien muertes. El juez federal Ernesto Kreplak ordenó la detención de diez directivos de los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, vinculados a esta tragedia sanitaria.
Fuente: La Jornada
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