Perú
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó este miércoles una controvertida ley de amnistía que beneficia a militares y policías acusados, procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos durante el periodo de violencia que afectó al país entre 1980 y 2000. La medida, aprobada por el Congreso el 9 de julio, ha generado críticas nacionales e internacionales.
En un acto celebrado en Palacio de Gobierno, Boluarte, acompañada por congresistas de Fuerza Popular y militares retirados, calificó la jornada como “histórica” y afirmó que la ley honra a los defensores de la patria. “No podemos permitir que la historia se distorsione, que los victimarios pretendan convertirse en víctimas y que los verdaderos defensores de la patria sean señalados como enemigos de la nación que juraron proteger”, declaró.
La norma ampara a efectivos y altos mandos sin sentencia firme y a los sentenciados mayores de 70 años, estimándose que afectará alrededor de 150 sentencias y 600 juicios en curso. El Ejecutivo tenía hasta este 15 de agosto para promulgarla o devolverla al Parlamento con observaciones.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) había ordenado suspender el trámite de la ley para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Sin embargo, Boluarte ignoró el mandato, en línea con decisiones previas del gobierno que han desoído a tribunales internacionales, como la liberación del expresidente Alberto Fujimori en 2023 y la aprobación de leyes sobre prescripción de crímenes de guerra en 2024.
El gesto más cuestionado de la jornada fue el saludo entre Boluarte y Juan Rivero Lazo, fundador del Grupo Colina, condenado a 25 años de prisión por ejecuciones extrajudiciales y liberado en diciembre pasado. Rivero Lazo asistió a la ceremonia como invitado de honor.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que agrupa a 74 organizaciones, convocó un plantón frente al Palacio de Justicia para esta tarde. “Se ha dejado sin justicia a miles de familias que llevan más de 40 años luchando por verdad y reparación”, señalaron en un comunicado, invitando a marchar vestidos de negro en señal de duelo nacional.
Desde la esfera internacional, Human Rights Watch advirtió que la ley “socava décadas de esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas y debilita aún más el Estado de derecho”, señalando que Perú se une a países que desafían al sistema interamericano, en detrimento de las víctimas.
Según la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, entre 1980 y 2000 murieron aproximadamente 70.000 personas y más de 20.000 desaparecieron a causa de enfrentamientos entre grupos guerrilleros y las fuerzas armadas.
Fuente: El País
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